Lunes, 18 de junio de 2018

Han sido muy desafortunadas las noticias judiciales recientes. Entre la captura de los implicados en los bochornosos actos de corrupción de algunos funcionarios judiciales promovidos por Mattos en el sonado caso de Hyundai y la condena al ex magistrado Rodrigo Escobar Gil por su participación en el caso de Fidupetrol queda un enorme sinsabor y una fuerte desconfianza en la administración de justicia.

Lamentable, por decir lo menos, que durante los últimos años hemos estado viendo cómo los procesos judiciales, están viéndose empañados y cuestionados por cuenta de actuaciones indebidas de magistrados, jueces, funcionarios judiciales y abogados litigantes, todos con un rasero moral y ético bastante cuestionable. Demostrar que se trata de casos aislados y que no es un tema generalizado es el nuevo y verdadero reto.

Estamos ad portas de un nuevo Gobierno, uno que durante los próximos cuatro años deberá, dentro de su agenda, contemplar de forma seria y real una estructuración judicial que permita que los ciudadanos vuelvan a confiar en que sus conflictos serán resueltos en Derecho, con absoluto respeto a las garantías procesales, y no al son del tráfico de influencias o de sobornos.
No deja de ser absolutamente preocupante que, sumada a la ya frustrante congestión judicial que ha llevado al traste iniciativas de celeridad que garantice a los particulares que sus conflictos no tardarán años en ser resueltos, en la opinión pública exista temor y desconfianza frente a los operadores judiciales.

Claro, el vaso puede verse medio lleno y seré optimista al pensar que la palestra pública puede servir de control para evitar que más casos de corrupción, que involucren funcionarios judiciales de todos los niveles, sigan ocurriendo. El efecto panóptico.

No se trata de lanzar reformas a la justicia sin ton ni son. Se trata de contar con los mejores talentos y las más altas calidades para ejercer una función y servicio que merece toda la mística y dignidad propias de la justicia. El reto está en volver a creer y ganar la confianza perdida.

Se necesita un sistema judicial sólido y con recursos. Un sistema judicial que permita que las garantías y términos judiciales se cumplan, que las decisiones sean tomadas en Derecho y que los ciudadanos confíen en que, por pequeño que sea su conflicto, va a ser resuelto. Se necesita justicia real, efectiva y honesta.

No puede seguir aplazándose la toma de decisiones frente al funcionamiento judicial. Deben funcionarios y usuarios contar con las garantías suficientes para que la justicia pueda ser impartida.

Por supuesto, del afán no queda sino el cansancio y, sin lugar a dudas, las reformas implementadas no han sido suficientes. Es importante empezar a discutir francamente y de cara al país cuáles van a ser las medidas que habrán de implementarse para que situaciones que ponen en tela de juicio al aparato judicial y sus operadores sean cosas del pasado. Garantizar la recta y eficiente administración de justicia con independencia.

El verdadero reto es hacer que la Rama Judicial sea ejemplo de rectitud, garantía, operatividad y eficiencia, de modo que la confianza de los ciudadanos vuelva a ella de forma incondicional. Una tarea que nos compete a todos: magistrados, jueces, funcionarios judiciales y abogados litigantes. No podemos seguir a merced de unos pocos que inescrupulosamente han mancillado la majestad de la justicia.