Roberto Camacho
Las cifras son claras: Valora Analitik posiciona seis estadios Colombianos entre los 20 escenarios que más ingresos generan en Sur América por espectáculos, dos de ellos en el top 3. Somos líderes indiscutibles en la región. Esta figura va de la mano del arduo trabajo de muy hábiles y creativos organizadores de eventos masivos que atraen los artistas más demandados del mundo del espectáculo. Adicionalmente, la liga de fútbol colombiana ha superado los 2 millones de asistentes por temporada, con promedios cercanos a 12.000 espectadores por partido. En ciudades grandes, la magnitud es mayor: Nacional ha registrado promedios superiores a 34.000 asistentes por encuentro, y Millonarios alrededor de 26.000. Hay una presencia constante de concentraciones masivas y periódicas de consumidores urbanos.
En Colombia el problema de los estadios municipales es estructural: fueron concebidos como equipamiento público, no como infraestructura económica. Por ello los municipios terminan asumiendo mantenimiento, deterioro y subutilización.
Un estadio moderno es negocio por la ocupación permanente del activo. El modelo ha sido adoptado ampliamente en economías desarrolladas, donde los propios equipos deportivos, a veces en alianza con organizadores de eventos, estructuran proyectos de administración de estos escenarios que resultan ser un buen negocio para todos los actores. El flujo económico para los privados y sus financiadores proviene de conciertos, eventos corporativos, comercio, experiencias VIP, derechos de nombre y explotación inmobiliaria, y la administración conserva la titularidad y asegura la disponibilidad del bien público, en algunos casos quedándose una parte de los ingresos.
La asociación público-privada de la Ley 1508 de 2012 es la herramienta perfecta para monetizar estos bienes. Ante las capacidades presupuestales e institucionales limitadas de algunos municipios, las APP de iniciativa privada, que pueden ser autofinanciadas o incluso incluir fondos públicos en un límite de hasta 20% de la inversión, se presentan como la institución jurídica más viable para estructurar estos proyectos. Se está demostrado que el marco jurídico para la estructuración de proyectos por parte de privados en Colombia ha sido exitoso.
Ya hay un proyecto de esta naturaleza que se ha materializado: el nuevo complejo El Campín en Bogotá. No es una remodelación deportiva sino un distrito de entretenimiento operado por un privado, con ingresos derivados de eventos culturales y comerciales además del fútbol. Ese es el corazón del modelo APP: transferir al privado los riesgos de construcción, disponibilidad y operación, mientras el Estado conserva la titularidad del bien y la supervisión del servicio, e incluso parte de los ingresos. El Campín se perfila como tan buen negocio, que antes de empezar construcción, Corficolombiana decidió hacerse al 51% del proyecto.
La verdadera discusión no es si el Estado puede administrar los estadios, sino si tiene sentido que siga haciéndolo. Los elementos están dados: la asistencia constante a los partidos y eventos demuestra que existe mercado; y el ordenamiento colombiano contiene la figura para ampliar y monetizar esta demanda. Es una oportunidad de oro para que el sector privado, en forma de consorcios que ojalá unan equipos de fútbol y organizadores de eventos como operadores, y compañías especializadas como constructores, se unan con los municipios para crear verdaderos centros de eventos masivos y desarrollo inmobiliario.
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