Las ventanas de oportunidad también vencen

En lo que va de 2026, seis de cada diez empleadores estadounidenses han reubicado talento extranjero fuera de Estados Unidos por barreras migratorias, frente a cuatro de cada diez el año anterior. El resultado acumulado de tarifas migratorias prohibitivas, sistemas de selección que excluyen perfiles medios y restricciones que han convertido la contratación internacional en una operación de alto riesgo ha generado un fenómeno concreto: ese talento está buscando alternativas, y parte de él está mirando hacia Latinoamérica, y Colombia aparece en ese mapa.

La combinación de ecosistema profesional competitivo, cercanía geográfica, zona horaria alineada con Estados Unidos y costos atractivos relativos, hacen del país un destino plausible para empresas que buscan reubicar operaciones o instalar equipos en jurisdicciones cercanas y con menores riesgos, lo que en el lenguaje de la movilidad corporativa se conoce como nearshoring. La pregunta relevante no es si esa oportunidad existe, sino si Colombia está en condiciones de recibir ese talento.

Durante años, el sistema de visado corporativo colombiano fue seguido como referente no solo en la región, sino globalmente. La digitalización de los procesos, los tiempos de respuesta que se medían en días y la trazabilidad de las solicitudes en línea, eran señalados como modelo a seguir. Ese diferencial no ha desaparecido, pero sí se ha erosionado: los tiempos que antes tomaban una semana hoy pueden extenderse a cuatro o cinco semanas, sin que haya cambiado la norma formal, y la discrecionalidad en la adjudicación genera incertidumbre para quienes planean operaciones en el país con vocación de permanencia.

A ello se suma una brecha entre lo que la economía demanda y lo que el sistema ofrece. El ejercicio de profesiones reguladas por parte de extranjeros sigue generando dudas que el marco normativo no resuelve con claridad. El artículo 37 de la Ley 2466 de 2025 estableció que el estatus migratorio no sería impedimento para exigir derechos laborales y que la firma de un contrato facilitaría la regularización, pero la reglamentación aún no ha llegado. Frente a los nómadas digitales, existe una categoría de visa, pero persiste la duda sobre si personas de nacionalidad no restringida pueden ejercer esas actividades como turistas o si requieren un permiso específico. y Más allá de eso, el país reguló el tema migratorio a medias sin conectarlo con los aspectos laborales, de seguridad social y fiscales que harían de Colombia un destino genuinamente atractivo para esos perfiles. Estos son solo algunos ejemplos de un patrón más amplio: decisiones que avanzan sin conectar los puntos neurálgicos que les darían sentido completo.

El nuevo gobierno tiene frente a sí una ventana que no requiere una reforma estructural, sino reorientar lo que existe: recuperar los tiempos de procesamiento que Colombia ya demostró ser capaz de sostener, establecer criterios de adjudicación más predecibles para las categorías corporativas y cerrar los vacíos regulatorios que hoy generan incertidumbre para quienes quieren llegar con vocación de permanencia. No se trata de crear un sistema nuevo, sino de alinear el que existe con la oportunidad que el momento ofrece.

¿Está la política migratoria colombiana en condiciones de acompañar una estrategia de atracción de inversión y talento, o seguirá siendo el eslabón que falta en una cadena que el país ha construido con esfuerzo? Otros países ya respondieron esa pregunta con hechos. Colombia tiene los elementos para hacer ese mismo recorrido, y lo que se necesita es que este tema haga parte de la agenda migratoria estatal, porque las ventanas de oportunidad tienen fecha de vencimiento y la de Estados Unidos ya está abierta.