El senador electo Wadith Manzur fue trasladado a la cárcel La Picota
El senador permanece detenido desde marzo de 2026, cuando la Corte Suprema ordenó su captura dentro de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con operaciones de crédito externo
16 de septiembre de 2026
El senador electo Wadith Manzur fue trasladado desde la Escuela de Carabineros de Bogotá a la cárcel La Picota, en el marco de la decisión del Gobierno de trasladar a personas privadas de la libertad por casos de corrupción que permanecen en instalaciones policiales o militares.
El senador permanece detenido desde marzo de 2026, cuando la Corte Suprema ordenó su captura dentro de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con operaciones de crédito externo. Según el expediente, el congresista habría aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a cambio de emitir conceptos favorables frente a dichos créditos.
La Corte Suprema señaló que en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas por el trámite de los créditos sería impulsar la contratación y las obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar.
“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Córdoba, Arauca y Bolívar”, indicó el alto tribunal.
Además de Manzur, según información publicada por El Tiempo, Hecson Alexys Benito Castro, exgobernador de Vichada, también fue trasladado a La Picota. A la lista se suman el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, y los condenados Álex Vernot y Emiro Rojas, quienes permanecían privados de la libertad en instalaciones distintas a establecimientos penitenciarios.
Los traslados tienen como antecedente la orden impartida por el presidente Abelardo de la Espriella para revisar la situación de las personas privadas de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía. “He ordenado revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía, sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí”, afirmó el mandatario.
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