viernes, 22 de agosto de 2014

Una de las virtudes del trabajo decente como objetivo global es el propósito de hacerlo extensivo a todos los trabajadores, sin importar la existencia o no de un contrato de trabajo o una relación legal y reglamentaria, es decir que debe ser para todos, para los trabajadores del sector informal, los cuenta propia, los independientes, los trabajadores a domicilio, los migrantes, todos ellos tienen derecho a gozar de las condiciones mínimas de protección de sus derechos en el trabajo. 

El trabajo decente se construye sobre la base del respeto a los derechos fundamentales, la creación de empleos decentes, la extensión de la seguridad social y el fortalecimiento del diálogo social, así lo concibió la Organización Internacional del Trabajo a iniciativa de su anterior Director General, señor Juan Somavía y fue ampliamente aceptado por los gobiernos y las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores. 

Desde de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST se contribuye de manera decidida al Trabajo Decente mediante diversos mecanismos, uno de ellos logrando la extensión de este derecho al mayor número de personas, incluidas aquellas que no tienen una relación fundada en un contrato de trabajo. En ello nuestro país ha venido avanzando, recientemente se reglamentó la afiliación de los trabajadores vinculados mediante contratos formales de prestación de servicios e independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo, Decreto 723 de 2013, reglamentario de la Ley 1562 de 2012 y del Decreto Ley 1295 de 1994.

Otro de los componentes del trabajo decente que puede y debe fortalecer la SST es el diálogo social, la participación de los trabajadores en la identificación de los riesgos en el trabajo y las medidas que se deben adoptar para mitigarlos o controlarlos es crucial, hasta el momento este derecho se ha garantizado mediante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Comités de Convivencia, que en su conformación tienen representantes de los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo o relación legal y reglamentaria, pero esta es una participación restringida, que no está en consecuencia con el contenido y alcance del diálogo social en el marco del trabajo decente. 

El Decreto 723 de 2013, obliga a las personas vinculadas mediante contratos formales de prestación de servicios a afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales, lo que implica pagar por el aseguramiento y cumplir unas determinadas obligaciones relativas al cuidado de su salud, informar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por los contratantes, por los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), cumplir las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de protección de la salud, pero no los habilita para participar con derecho a voz y voto en las instancias de diálogo social, lo que en algunos sectores constituye una limitación al logro del trabajo decente. 

Un ejemplo de ello es el Sector Público de Salud en el cual alrededor de 70% de los trabajadores se vinculan mediante contratos de prestación de servicios u otras formas distintas a la relación legal y reglamentaria o el contrato de trabajo, estos trabajadores (contratistas) deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales, cumplir las obligaciones propias del Sistema, pero no participan en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que no les permite tener incidencia real en las decisiones que se adoptan en esta materia, que a todas luces inciden en sus condiciones de trabajo y calidad de vida. 

En la medida en que se extiende la Seguridad y Salud en el Trabajo a determinadas categorías de trabajadores, se deben también adecuar los mecanismos legales que los habilitan, en este caso, para la participación y el diálogo social, de esta forma avanzamos hacia el trabajo decente.