sábado, 7 de septiembre de 2019
El financiamiento de las campañas electorales en Colombia es uno de los principales focos de corrupción. De manera oportunista muchas personas con intereses en cargos públicos han convertido este tema en su caballito de batalla para demostrar que son honorables y de paso conformar ejércitos de individuos que, con listas en mano, buscan recolectar el mayor número de firmas para inscribir a su candidato “independiente”.
La Ley de Financiamiento político es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, corresponde a la cantidad total de lo recaudado y lo gastado en el ejercicio de la promoción de candidatos y partidos, entre otros.
Este financiamiento puede ser público o privado, pero este último es el que más llama la atención por el dinamismo presentado en los últimos años a causa de la pérdida de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos tradicionales. Estudios recientes confirman que la credibilidad, aceptación y reputación de estas colectividades está por debajo de 10%.
Hagamos memoria. La idea del Estado de financiar con dineros públicos las campañas electorales responde a la problemática de confianza generada por el flagelo de la corrupción; es que para una sociedad que ha visto cómo consorcios empresariales nacionales se ven beneficiados por los que en un momento fueran los destinatarios de sus aportes a costas del bienestar general, ha sido el leitmotiv de la pérdida de terrenos que de antaño eran políticamente fértiles.
Los que están a favor de la intervención estatal en las campañas para reducir la brecha de desigualdad entre los apoyos privados y la maquinaria del Estado, consideran que esta decisión daría menores oportunidades al sector privado para influir de manera indebida en los candidatos o en los líderes de las causas públicas.
James Kerr Pollok en su momento, se refirió a esta problemática como uno de los asuntos más serios de los Gobiernos democráticos, latente, según él, en la relación entre dinero y política, que se ve claramente reflejado en campañas financiadas por emporios económicos de múltiples sectores.
El financiamiento público, cabe resaltar, no se brinda únicamente con dinero (financiamiento directo), pese a que es la forma predilecta de la administración para financiar campañas o causas; en esencia, el establecimiento puede hacer uso de sus haberes o conjunto de bienes contemplados dentro del erario para financiar estas campañas, lo cual puede responder a las intervenciones en medios del Estado o al manejo de tarifas diferenciadas (financiamiento indirecto).
El fenómeno de la reducción en el financiamiento público a las campañas políticas ha sido atendido por el Congreso de la República en múltiples ocasiones sin éxito alguno. En este sentido, se formuló el Proyecto de Acto Legislativo sobre la Reforma Política presentado por el senador Luis Fernando Velasco en 2018, que planteaba, entre otras, el financiamiento de organizaciones políticas con personería jurídica, lo cual excluyó a los movimientos independientes con total libertad para poder recibir financiamiento privado.
Este proyecto aún no ha sido aprobado y en consecuencia los movimientos independientes siguen gozando de autonomía para recibir dineros de particulares, quién sabe con qué interés o fines políticos.
