Colombia registró la caída más pronunciada de toda Latinoamérica en el Democracy Index 2025

The Economist publicó su Democracy Index 2025, el informe de referencia global sobre el estado de la democracia, con un hallazgo que debería estar en el centro del debate público colombiano: Colombia registró la caída más pronunciada de toda América Latina, descendió trece posiciones hasta el puesto 73. El país está a cuatro centésimas del umbral que la reclasificaría como régimen híbrido. Esto ocurrió justo cuando América Latina revirtió, por primera vez en nueve años, su tendencia de deterioro democrático.

Para quienes no están familiarizados con el Democracy Index, ¿qué mide exactamente este índice y por qué debería importarnos?

El Democracy Index es uno de los índices de referencia global sobre el estado de la democracia. Lo elabora la Economist Intelligence Unit de The Economist y evalúa a 167 países y territorios en cinco dimensiones: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Cada país recibe una puntuación de 0 a 10 y, según el resultado, se clasifica como democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido o régimen autoritario. Importa porque cuando la calificación de un país cae, las consecuencias son reales. Una de ellas es que se eleva el riesgo directo para la retención y retorno de capital, porque entre menor es la calidad institucional y democrática, mayor es el riesgo operativo para las empresas y la inversión. Eso, en últimas, genera un debilitamiento de las condiciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos.

¿Cuáles son los hallazgos generales del informe de 2025?

La democracia global se estabilizó después de ocho años consecutivos de deterioro. Casi el 75% de los países mantuvo o mejoró su puntuación. América Latina revirtió por primera vez en nueve años su tendencia de retroceso: el promedio regional subió de 5,61 a 5,71, y más de la mitad de los países mejoraron.

¿Y Colombia? ¿Cómo queda en ese panorama?

Colombia cayó trece posiciones y quedó a cuatro centésimas del umbral de 6,00 que la reclasificaría como régimen híbrido. Básicamente, el país está al borde de dejar de ser clasificado como una democracia ante la comunidad internacional. Si cayera esas cuatro centésimas, entraría a una zona de transición o mixta, ya que habría perdido las credenciales mínimas para ser considerado una democracia (incluso defectuosa). Desde una perspectiva institucional, que un país sea un régimen híbrido significa que sus estructuras democráticas y el Estado de derecho son sumamente frágiles.

El informe atribuye este resultado a factores concretos: el aumento de la violencia política, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de defensores de derechos humanos y líderes sindicales y, además, señales preocupantes sobre el control civil de las Fuerzas Armadas, como el nombramiento de un militar activo como ministro de Defensa. Esa decisión desdibujó la indispensable frontera entre el poder civil y los militares pese a que el general se retiró después del servicio activo para ejercer el cargo como civil. Entonces, Colombia no solo retrocedió, sino que va en la dirección opuesta a la tendencia regional de recuperación.

¿Hay otros índices que confirmen ese diagnóstico o estamos ante una lectura aislada?

No es una lectura aislada. El Democracy Index, que mide la calidad funcional de la democracia, trasciende las percepciones subjetivas; es una herramienta de diagnóstico empírico que se basa en indicadores estandarizados. Pero otro índice útil para entender el panorama es el Freedom in the World de Freedom House. Este índice evalúa derechos políticos y libertades civiles con una escala de 0 a 100 y clasifica a los países como “libres”, “parcialmente libres” o “no libres”.

En este índice, Colombia pasó de 70/100 en 2025 a 69/100 en 2026. Es decir, pasó de estar en el límite inferior de la categoría “libre” a una situación de mayor fragilidad democrática, ubicando al país exactamente en el límite superior de la categoría “parcialmente libre”. La convergencia de las mediciones de ambos índices, en el mismo país y en el mismo período, confirman el diagnóstico. Colombia ha logrado sostener su arquitectura democrática formal y ha evitado un quiebre institucional inmediato, pero está experimentando un deterioro sustantivo en la calidad efectiva de su democracia y en su capacidad para garantizar la participación y los derechos de sus ciudadanos.

¿Cuáles han sido los factores más relevantes en ese deterioro?

La violencia política y las tensiones institucionales. Frente a lo primero, el informe de The Economist señaló el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay como factor determinante en la caída de Colombia en el índice. Pero ese crimen es apenas la punta de un fenómeno más extenso. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), veintiséis políticos fueron asesinados en 2025 y hubo treinta y cinco intentos de homicidio. Indepaz documentó 187 líderes sociales asesinados ese año, un 8% más que en 2024. Freedom House registró 525 agresiones contra la prensa, 76 masacres con 267 víctimas, y más de 26.700 personas desplazadas forzosamente en los primeros cinco meses de 2024, un incremento del 49%.

Respecto a lo segundo, uno de los elementos esenciales para una democracia estable es la garantía del principio de separación de poderes y la efectividad del sistema de frenos y contrapesos. En este aspecto, Colombia ha evidenciado un retroceso hacia dinámicas propias del hiperpresidencialismo, donde el Ejecutivo ha entrado en una fase de confrontación directa con las instituciones independientes. El Gobierno ha protagonizado enfrentamientos reiterados con el Congreso de la República, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Banco de la República y el Consejo Nacional Electoral. A esto se suma que el presidente ha emitido declaraciones que pretenden instalar narrativas de fraude en el proceso electoral, lo que incluso ha motivado órdenes judiciales de retractación.

En conjunto, todas estas variables erosionan la confianza de los ciudadanos y, en última instancia, amenazan la estabilidad de las instituciones democráticas.