Los retos de la superintendencia de industria y comercio en materia de marcas en el nuevo gobierno

Con el nuevo Gobierno, se avizora una nueva administración y rumbo en la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”), la autoridad nacional, entre otros asuntos, de Propiedad Industrial.

Son varios los retos y desafíos que enfrenta la SIC en cada una de las áreas de su resorte. En materia marcaria, específicamente, urgen varias medidas en aras de incentivar la protección y defensa marcaria en Colombia que se ha visto mermada en los últimos años.

A continuación, se señalan las que deberían atenderse con mayor prioridad:

- Disminución de las tasas a pagarse por la solicitud de registro de marca: Colombia tiene las tasas más altas a pagarse por una solicitud de registro de marca en Sudamérica. Actualmente, esta tasa corresponde a US$ 420 que resulta ser una cantidad totalmente desproporcionada si se compara con países como Argentina (US$ 20) o Chile (US$ 85). El valor es tan alto que incluso aplicando el descuento de 25% del que puede beneficiarse una micro, pequeña o mediana empresa, la tasa sigue siendo más alta que la de Bolivia (US$ 310), que es el segundo país con la tasa más alta del continente. Es por lo tanto urgente que la Oficina explore alternativas para disminuir las tasas o, por lo menos, incrementar los descuentos que se ofrecen a las MiPymes y usuarios recurrentes del sistema. De igual forma, valdría la pena explorar otros mecanismos como el de dividir el cobro de tasas al inicio y al final del procedimiento marcario y/o que la Oficina recupere la reducción de la tasa en el cobro de una tarifa adicional por coberturas de marca que no incluyan ítems preaprobados o incluyan más de 10 o 15 productos o servicios, como se hace en otras jurisdicciones.

- Disminución de los tiempos de decisión: Hace algunos años, un registro de marca en Colombia tardaba 6 meses en tramitarse. La SIC era conocida como la Oficina de Marcas más rápida y eficiente de la región. Hoy en día, una solicitud de registro de marca está tomando más de 9 meses y hasta entre 12 y 14 meses si se presentan requerimientos u oposiciones. Lo mismo ocurre en instancia de apelación, en la que la Oficina está tardando 11 meses en promedio en decidir. Es por lo tanto fundamental que la nueva administración lleve a cabo un plan de descongestión y así mismo se tomen las medidas a las que haya lugar para reducir los tiempos de decisión.

- Reactivación de los mecanismos de examen acelerado de forma y concesión anticipada: en administraciones anteriores, la Superintendencia implementó los mecanismos del examen acelerado de forma y de la concesión anticipada, que, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, permitían la tramitación y concesión expedita de registros marcarios. Si bien hoy en día aún es posible hacer uso de estos mecanismos, la Oficina no está dándoles aplicación, por lo que resultan ser inoperantes. Urge entonces que, en consonancia con la disminución de los términos de decisión, se reactiven estos mecanismos para poder obtener un registro expedito de marca.

- Uso responsable de la Inteligencia Artificial por parte de la Oficina: es bien sabido que los examinadores ya están implementando el uso de herramientas de inteligencia artificial al redactar decisiones marcarias. Sin embargo, se desconoce si la Oficina ya cuenta con una licencia profesional y tampoco se ha divulgado si existe una guía de buenas prácticas y/o uso responsable de estas herramientas por parte de su personal. Es fundamental que la Oficina sea responsable y transparente con el uso de estas herramientas, pues en muchos casos, los expedientes de marcas involucran información confidencial, sensible y datos personales, por lo que su inclusión en herramientas de IA puede afectar gravemente los derechos de las partes implicadas.

- Unificación de posturas y criterios sobre conexidad de productos y servicios: Por último, pero no menos importante, es fundamental que al interior de la Oficina se establezcan criterios claros sobre conexidad competitiva de productos y servicios. Resulta preocupante que hoy en día, a la luz del principio de razonabilidad introducido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (según el cual, si para el consumidor es razonable considerar que los productos o servicios en conflicto provienen del mismo empresario, estos son conexos), la autoridad ha llegado a concluir conexidades entre productos y servicios totalmente disímiles. Preocupa sobre todo el amplio alcance que se le sigue dando a las clases 9 (cuando se encuentra relacionada con softwares) y a la clase 35, las cuales, prácticamente, se consideran conexas competitivamente con casi todas las clases de la Clasificación Internacional de Niza. Urge que al interior de la Oficina existan criterios claros sobre conexidades competitivas y que estos sean públicos hacia y para los usuarios.

Es evidente que los altos costos, los retrasos y los excesivos tiempos de decisión, así como la expedición de decisiones contradictorias o que involucran conexidades competitivas irreales generan desconfianza en los usuarios del sistema, lo que termina desincentivando la protección marcaria. Es clave que la nueva administración tome acciones en el asunto y propenda por un sistema de Propiedad Industrial más rápido, eficiente, seguro y confiable.