sábado, 4 de julio de 2020
Acodres, Fenalco y Achc, entre las organizaciones que piden mayor regulación y claridad frente a la problemática vigente
En los últimos meses se ha generado un debate público por el cobro de los derechos de autor, que ahora se centra en la preocupación de empresarios, comercios, e incluso, centros de salud, por las solicitudes de pago aun con el cierre de establecimientos por el covid-19.
“Mientras nuestros negocios se derrumban por estar cerrados, los cobros de Sayco y las presiones del antiguo Apdif (hoy Promúsica) para conciliar tarifas han sido algo muy doloroso”, comentó el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), Henrique Gómez .
Pese a ello, esta situación parece estar resuelta luego de que la Organización Sayco y Acinpro (OSA) publicara hace unas semanas un comunicado en el que informó que no cobraría mientras los establecimientos estuvieran cerrados. Sin embargo, Gómez señaló que las insistencias de Apdif no se han detenido.
LOS CONTRASTES
Carolina Romero RomeroDirectora general de la Dnda
“La tarifa cobrada debe ser fruto de la concertación que las Sociedades de Gestión Colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, o sus mandatarios, realicen con los usuarios de sus repertorios”.
Otros gremios también han resultado inconformes con los cobros de derechos de autor. Este es el caso de Fenalco y sus más de 18.000 afiliados donde el pago de los derechos relacionados con obras musicales es un requerimiento para funcionar, según el Código de Policía.
María Camejo, directora jurídica de Fenalco indicó que los afiliados de las grandes superficies realizaron el pago de derechos de autor durante el primer trimestre del año por lo que no hubo ninguna concesión con las sociedades de gestión.
También dijo que existe un gran desconocimiento sobre las entidades a las que se les debe pagar y los conceptos. “Los comerciantes dicen ‘vino tal gestión y me cobró’ y cuando no hacen los pagos se exponen a cierres”, añadió Camejo.
Según un sondeo realizado por la entidad, los costos anuales que pagan sus afiliados por concepto de derechos de autor oscilan entre $200.000 y $15 millones, dependiendo del tamaño del establecimiento. (ver gráfico)
Finalmente, Camejo expresó la importancia de que el tema deje de ser un requisito de funcionamiento y que no se impulse por medio de la Policía, sino de forma efectiva y directa con las sociedades de gestión.
El sector de la salud, que ha tenido gran importancia durante la crisis actual, también mostró descontento al ser objeto de cobro para las sociedades de gestión colectiva, principalmente, por el uso de televisores en las habitaciones o salas de espera. Según manifestó la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), se hablaría de cobros anuales de hasta $130 millones por parte de Egeda.
Juan Carlos Giraldo, director de esta asociación, señaló que no hay claridad en la estandarización de las tarifas pues se cobra por número de sillas, camas o incluso de televisores. “Hay un vacío regulatorio y de control que debe ser llenado. No somos las entidades que deberían ser sujeto de este tipo de cobros, no nos pueden comparar con un hotel o un bar”, añadió.
Las solicitudes que resaltan los diferentes gremios apuntan a la necesidad de una regulación más concisa y efectiva frente a las tarifas vigentes por concepto de derechos de autor.
Antecedentes
Felipe Nuñez, socio de Perspectiva y abogado experto en regulación de mercado, señaló que la falta de claridad asfixia el mercado de los derechos de autor. “Es necesario reconocer que los usuarios están negociando con una sola agencia que tiene mucho poder, es un monopolio sobre las obras, por lo que casi se impone una tarifa. El Estado tiene que vigilar con más cuidado los cobros”, señaló.
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