De cada 10 bogotanos, seis se sienten inseguros por delitos como el hurto y la extorsión

La seguridad en Bogotá no es solo una cifra en un boletín, sino el termómetro con el que ciudadanos y empresarios miden su calidad de vida y la viabilidad de sus proyectos. La más reciente Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, reveló un panorama de contrastes, donde la victimización real muestra un leve descenso, pero el sentimiento de vulnerabilidad sigue siendo un desafío persistente para la administración y el sector productivo.

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Durante el último año, la tasa de victimización en la ciudad se situó en 14,9%, lo que representa una reducción de 0,6 puntos porcentuales frente al periodo anterior. Aunque este descenso parece marginal, estadísticamente refleja un esfuerzo por contener la delincuencia en una urbe de más de 8,1 millones de habitantes.

Sin embargo, esta realidad no es uniforme, ya que localidades como Chapinero y Barrios Unidos presentan los índices más altos de personas que reportaron ser víctimas de algún delito en 2025. Para el sector empresarial, la encuesta arroja datos que invitan a una reflexión sobre el entorno operativo.

El hurto a establecimientos comerciales registró 4%, una cifra que, sumada a problemas de convivencia como el ruido excesivo o el manejo inadecuado de basuras, altera la dinámica de crecimiento. Al respecto, Daniela González, directora jurídica en Navarrete Consultores, explica que ante estos conflictos los ciudadanos cuentan con herramientas como la acción de responsabilidad civil extracontractual y los reglamentos de propiedad horizontal para activar sanciones y procedimientos internos.

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Un dato crítico para el empresariado es la incidencia de la extorsión, pues 31,7% de los casos reportados ocurrieron en negocios o empresas. González señala que cuando estos conflictos escalan a daños ciertos, como afectaciones a la salud por ruidos sistemáticos o pérdidas económicas por negligencia, el problema deja de ser de mera convivencia y pasa a ser un litigio indemnizatorio en la jurisdicción civil, donde se busca reparar el daño antijurídico sufrido. A pesar de los riesgos corporativos, el hurto a personas se mantiene como el delito con mayor prevalencia, alcanzando 74,7% de los casos.

Ante la sensación de desprotección, surge el interrogante sobre la responsabilidad del Estado. Según la directora jurídica de Navarrete Consultores, bajo el artículo 90 de la Constitución, es posible acreditar una falla en el servicio si existe un incumplimiento del deber de protección razonablemente exigible, como la desatención reiterada a denuncias en zonas de riesgo específico. La percepción de inseguridad corre por una vía distinta a la de las cifras de victimización, pues 66,2% de los bogotanos considera que esta ha aumentado.

Esta brecha es alimentada en parte por el contenido violento en redes sociales, medio donde también crecen las preocupaciones por delitos digitales. Frente a esto, Daniela González destaca que las víctimas de ciberfraudes pueden acudir a acciones de protección al consumidor financiero, ya que las entidades tienen deberes profesionales de seguridad y gestión del riesgo.

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En el ámbito del transporte masivo, Transmilenio continúa bajo una estricta lupa. La percepción de inseguridad en el sistema se ubicó en 62,6%, mostrando una mejoría frente a 70,6% de 2024. La encuesta también detalla el acoso sexual, que afecta a 25,7% de las mujeres en el sistema. Esta realidad subraya la necesidad de políticas con enfoque de género y mecanismos legales efectivos.

La denuncia sigue siendo el principal obstáculo para la justicia efectiva, con una tasa de apenas 45,6%. Casi 60% de quienes no denuncian creen que las autoridades no actuarán, lo que genera un subregistro que impide diseñar estrategias de prevención reales. Daniela González enfatiza que el proceso penal no agota la reparación y que los ciudadanos pueden iniciar demandas civiles autónomas para reclamar lucro cesante o daño emergente derivado de delitos o fallas en la seguridad.

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La importancia de estas cifras radica en su capacidad de orientar la política pública y la estrategia gremial. No basta con saber que la victimización bajó ligeramente si el ciudadano teme habitar el espacio público o si el comerciante se siente solo frente a la extorsión. Los datos de la Cámara de Comercio proporcionan la hoja de ruta necesaria para fortalecer la confianza institucional. El reto de Bogotá para el próximo año es convertir la estadística en una tranquilidad real, donde el cumplimiento de los deberes de seguridad logren ser aplicados.

Antecedentes

En 2022, la victimización en Bogotá se situó en 17,0% , lo que reflejó una disminución frente al 19,6% registrado en 2021, año en el que la percepción de inseguridad alcanzó un pico histórico de 87,7%. Durante ese periodo, el hurto a personas fue el delito predominante afectando 76,8% de las víctimas, consolidando al atraco como la modalidad más frecuente con 58,2% de los casos. El perfil demográfico de victimización alcanzó a 16,0% de hombres y 14,6% de las mujeres.