La Defensoría cuestiona viabilidad legal de zonas de ubicación para el Clan del Golfo
La entidad advirtió que la medida carece de garantías suficientes para las víctimas, genera riesgos de seguridad para la población
19 de mayo de 2026
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La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió un pronunciamiento oficial respecto a la Resolución OCCP No. 120, de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, mediante la cual se establecen Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, para los cabecillas Clan del Golfo y se suspenden de manera temporal sus órdenes de captura.
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La funcionaria recordó que, si bien el Presidente de la República cuenta con la facultad constitucional y legal para decretar estas áreas y solicitar la interrupción de los procesos judiciales y de extradición de quienes se concentren en ellas, esta atribución no es absoluta y debe estar debidamente reglada para evitar decisiones arbitrarias.
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En su declaración, la institución enfatizó que la normativa vigente condiciona la creación de las Zonas de Ubicación Temporal a la existencia de un proceso de diálogo con un nivel avanzado de madurez. Según la Defensoría, este tipo de medidas solo son procedentes cuando el proceso de negociación es viable y se orienta de manera concreta hacia el desarme, la desmovilización y la reintegración de los miembros del grupo armado a la vida civil.
Por lo tanto, el Gobierno Nacional debe sustentar técnicamente que estas acciones facilitarán una entrega efectiva a la justicia en el corto plazo.
La entidad identificó diversos factores de preocupación en la implementación de esta medida, señalando en primer lugar la ausencia de acuerdos mínimos que garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Para el organismo, la suspensión de los procesos judiciales sin una ruta clara para la activación de la justicia ordinaria afecta los derechos de los afectados y puede incentivar escenarios de rearme o el incumplimiento de los compromisos por parte de la organización al margen de la ley.
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Asimismo, la Defensoría advirtió sobre el impacto de estas decisiones en el marco del actual calendario electoral y la próxima transición de Gobierno. Iris Marín señaló que los tiempos estipulados dificultan que el desarme se complete antes del cambio de mandato programado para agosto, lo cual genera dinámicas complejas en regiones donde el grupo armado ejerce influencia y cuenta con la capacidad de interferir en la libertad de los electores y en el normal desarrollo de los comicios.
El pronunciamiento alertó sobre los riesgos de seguridad para las poblaciones civiles ubicadas en las áreas de influencia de las zonas de concentración. Debido a que el agrupamiento de los combatientes se plantea de forma gradual, existe la posibilidad de que miembros de la organización permanezcan armados fuera de los perímetros definidos.
La falta de protocolos específicos de vigilancia y control agrava la situación en territorios con alta presencia del grupo criminal o en zonas de confrontación activa en los departamentos de Córdoba, Norte de Santander y Nariño.
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