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Daniel Rojas Castañeda - drojas@larepublica.com.co martes, 28 de julio de 2020

Los representantes de Farmacias Unidas y Fundación Alas Colombia, fueron llamados el 3 de agosto para audiencia de control previo

De acuerdo con cifras entregadas por el Cai Virtual de la Policía Nacional, entre enero y junio de este año se presentaron 17.183 denuncias por estafa, lo que representa una reducción de 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior, donde se dieron 20.091. Sin embargo, este tipo de delito se ha vuelto un tema que ha dado mucho de qué hablar en el marco del covid-19, por los engaños con temas relacionados con la emergencia de salud.

No obstante, las cifras durante el periodo de la pandemia (entre el 25 de marzo y el 31 de junio) evidenciaron una reducción de 21% en este tipo de delitos al pasar de 10.307 casos a tan solo 8.100 en 2020.

Asuntos Legales decidió investigar una de esas tantas denuncias por un caso de estafa agravada. Esta fue realizada por la empresa de elementos de construcción de Medellín llamada Sulink, la cual denunció a los representantes legales de la compañía Farmacias Unidas y a la Fundación Alas Colombia.

El abogado de la empresa paisa, Mauricio Pava, explicó que el caso se presentó por la celebración de un contrato entre Sulink y el representante legal de la empresa Farmacias Unidas, Luis Alejandro Orozco Linares, en el que este último se comprometía a suministrar 10.000 cajas de guantes de nitrilo, exigiendo el pago de un anticipo correspondiente a 50% del valor total del contrato, al cual, las dos partes decidieron llegar a mutuo acuerdo.

LOS CONTRASTES

  • Alejandro Arcila Socio de Arcila&Sotomayor

    “Además, se puede encontrar la clonación de tarjetas, que es la aprehensión de los datos personales incorporados a los plásticos de las tarjetas de crédito”.

  • Mauricio PavaAbogado penalista defensor de Sulink

    “El derecho penal es un instrumento de disuasión: se desestimulan estas conductas si las autoridades las sancionan, por ello, que no haya impunidad”.

La mitad del valor del contrato era de $195 millones, los cuales, de acuerdo con la información suministrada, Orozco había indicado que la consignación correspondiente debía realizarse directamente a su proveedor, Pedro José Figueroa, quien es el representante legal actual de la Fundación Alas Colombia.

Sin embargo, según unas pruebas de la denuncia se demostraría que los proveedores de los productos, es decir, Fundación Alas Colombia y Farmacias Unidas, luego de que se hiciera el depósito de dinero y que tuvieran la obligación de enviar los productos, indicaron que se habían enviado 10.000 cajas, cuando tan solo llegaron 36.

A la fecha, de acuerdo con el abogado Pava a pesar de las alternativas planteadas por Sulink respecto de hacer la entrega del producto faltante o llevar acabo el reintegro de 50% entregado, no se ha dado una solución clara sobre el tema.

“Hemos pedido a la Fiscalía que se priorice esta investigación por tener connotación nacional. Esto es una estafa con productos para prevenir el covid y que se llevó a través de medios virtuales en momentos tan difíciles por los que pasa el país y las empresas, lo cual es un hecho de máxima gravedad. Mucho más cuando están involucrados un médico dedicado a negocios clínicos y un líder regional candidato por el Centro Democrático al consejo de Barrancabermeja. Además, que lo hicieron utilizando una fundación domiciliada en Sincelejo”, aseguró Pava.

Hasta el momento, la denuncia fue remitida a la Fiscalía y se espera que se lleve adelante la primera audiencia de control previo de búsqueda selectiva en bases de datos el 3 de agosto, en donde fueron citados y notificados los denunciados por el delito de estafa agravada.

Una de las partes denunciadas, Orozco, envió un comunicado en la que explica que tenía conocimiento de los acuerdos que se llevaron entre la empresa y la fundación, pero que fue direccionado por terceras personas hacia Figueroa, “respecto de quien, pese a que no conocía, había recibido buenas referencias comerciales”, indica el comunicado.

“A la postre, de las 10.000 cajas supuestamente enviadas por Figueroa, producto del segundo contrato, solamente llegaron a poder de Sulink S.A.S. 60 cajas. Tanto mi persona como Sulink conocimos de la posible existencia de un engaño por parte Figueroa y se solicitó el reintegro de los recursos girados”, aseguró Orozco.

Así mismo, indicó que Figueroa remitió un cheque sin fondos a la empresa Sulink. De esta manera, asegura que él también fue engañado y que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General los hechos de su conocimiento para que sean esclarecidos.

Por su lado, el abogado defensor, Armando Lacouture, explicó que Sulink S.A.S. sabía que el rol de Orozco era de intermediario y que consistía en conectar la demanda de los guantes con la oferta (Figueroa Velaides).

“Como respuesta al sorpresivo incumplimiento de este último, como víctima mi cliente no solo instauró denuncia ante la Fiscalía si no que inició los trámites para la ejecución de la póliza de cumplimiento adquirida para proteger el contrato”, aseguró Lacouture.

El abogado agregó que, “no se puede endilgar responsabilidad a mi cliente con base en la expectativa infundada de que pague por lo que hizo unilateralmente Pedro José Figueroa Velaides. Luis Alejandro Orozco Linares es inocente, víctima y ajeno a la defraudación, pues los recursos de Sulink S.A.S fueron entregados a Figueroa Velaides. Llevaremos este asunto hasta las últimas instancias procesales contra el único responsable”, resaltó Lacouture.

Este delito que se ha hecho un tanto común con diferentes tipos de modalidades ha sido denunciado ante la Fiscalía entre enero de 2019 y 1 de julio 2020 hasta 68.734 veces en diferentes modalidades de estafa.

Y es que la Fiscalía desde que decidió llevar adelante el plan articulado denominado ‘Transparencia por la emergencia’, tan solo en el segundo balance logró verificar más de 3.000 contratos suscritos desde la declaración de la Emergencia Económica y social hasta el 21 de mayo. Además, ha realizado 189 acciones investigativas, 393 inspecciones y cumplió 264 órdenes de policía judicial.

La entidad fiscalizadora también se ha encargado de imputar medidas de aseguramiento contra varios alcaldes, gobernadores y contratistas por múltiples delitos, entre ellos, el interés indebido en la celebración de contratos, y esto en gran medida es considerado como una “gran estafa”.

Por su lado, el abogado penalista Alejandro Arcila manifestó que en los últimos meses ha logrado detectar un incremento sustancial de los delitos informáticos, los cuales se ejecutan a través de la vulneración de los sistemas de información, computadores y celulares, entre otros.

“Dentro de los delitos informáticos más comunes se puede hablar del fishing o suplantación de páginas web para hacer creer a los ciudadanos que están ingresando, por ejemplo. a la página de su banco o de algún comercio en específico, para simular una transacción y así apoderarse de todos los datos bancarios de este ciudadano”, aseguró Arcila.

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