• Laura Vita Mesa lvita@larepublica.com.co

viernes, 8 de julio de 2022

Los resultados que entregue la U. de Antioquia en dos semanas podrían cambiar la reglamentación que se viene implementando

La discusión sobre el etiquetado frontal en alimentos y bebidas lleva años en la agenda pública y se ha centrado, esencialmente, en la forma que deben tener las etiquetas. Al margen de ese debate, lo cierto es que ya hay una norma con un calendario de implementación andando y las empresas obligadas están en vilo por la posibilidad de que cambie por un nuevo estudio que contrató el Ministerio de Salud.

El 16 de junio del año pasado, la cartera publicó la Resolución 810, el reglamento técnico con los requisitos de los etiquetados nutricional y frontal de los alimentos y bebidas envasadas o empacadas. Allí, entre otras disposiciones, se reglamentaron los sellos de advertencia: redondos, de fondo negro y borde blanco, con un texto en mayúsculas que indica en su interior que el producto es alto en azúcares añadidos, grasas saturadas o sal o sodio.

De conformidad con la Decisión Andina 827, el Ministerio dio un plazo de 18 meses para la implementación de la norma, aclarando que pasado ese tiempo los productos que no cumplan deben ser retirados.

Los 18 meses estipulados hace poco más de un año culminan en diciembre de 2022 y, teniendo en cuenta lo que implica el cambio, que va más allá de poner un sticker, muchas empresas empezaron a trabajar desde ese momento en el rediseño de sus empaques. Prueba de ello es que ya se encuentran muchos con los sellos en los supermercados.

Los costos de ese proceso no son menores, si se tiene en cuenta que en el ‘Análisis de Impacto Normativo en la temática de etiquetado nutricional y frontal de los alimentos envasados en Colombia’, publicado por el Ministerio en mayo de 2020, se estimó que implementar esta política pública, en un periodo de 25 años, costaría $697.758 millones, muy por encima, por ejemplo, del caso canadiense, donde se estimó en $166.853 millones para 10 años.

Esto a nivel agregado. Sin embargo, el documento calculó también los costos para las cerca de 1.600 empresas impactadas por la normativa, que además de asumir una reducción de ventas de 10% por la regulación deben asumir un costo promedio por etiqueta de $5 millones, en el caso de las micro y pequeñas compañías; y $15 millones, para las medianas y grandes.

Lo anterior, sumado a los tiempos de los procesos y los problemas en las cadenas de suministro a nivel global, tiene a las compañías trabajando a marchas forzadas para cumplir la regulación en diciembre.

De manera casi simultánea, el Congreso aprobó la Ley 2120 de 2021, que entre otras le ordena al Ministerio reglamentar “los parámetros técnicos de este etiquetado definiendo, la forma, contenido, figura, proporción, símbolos, textos, valores máximos, colores, tamaño y ubicación en los empaques de los productos que deban contenerlo, basándose en la mayor evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses”.

Según el excongresista Mauricio Toro, la Resolución 810, expedida pocos días antes, no se basó en información técnica y, como la ley aprobada exigía una reglamentación basada en la evidencia científica, se le dio al Ministerio la facultad de contratar un estudio para ello.

“No se necesitaba un estudio porque la evidencia científica de que los sellos deben ser octogonales está disponible, pero en todo caso se les dio la posibilidad de hacerlo”, dijo.

Pasó casi un año, el tiempo que dio el Congreso para la reglamentación, y no había luces ni del estudio ni de una nueva normativa, por lo que las empresas siguieron avanzando en el cumplimiento de lo que está vigente, es decir, la Resolución 810, para evitar eventuales sanciones en diciembre.

Sin embargo, el pasado 27 de abril el Ministerio de Salud abrió un proceso de contratación de un estudio “para realizar la evaluación de la mayor evidencia disponible para establecer formas, color, tamaño, leyendas y ubicación del etiquetado frontal de advertencia para productos procesados en Colombia”.

Pocos días antes de que se anunciara la candidatura del ministro de Salud, Fernando Ruiz, a la dirección de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cartera le adjudicó el 25 de mayo el contrato a la Universidad de Antioquia, por valor de $72 millones con un plazo de ejecución de 45 días. La preocupación es que este posiblemente arroje unos resultados distintos a lo que está vigente, lo que obligaría a las compañías a desechar las inversiones realizadas y empezar de ceros.

“El no tener claras las reglas de juego frente a la implementación de una política pública puede generar inseguridad jurídica y sobrecostos para los obligados para cumplir esa normatividad”, anotó José Luis Jerez, socio de Cáez Muñoz Mejía.

En efecto, los sobrecostos son una de las mayores preocupaciones de los empresarios, y no solo de las multinacionales y grandes compañías. “Ha faltado claridad y pensar en los pequeños productores, que son los principales perjudicados. Las grandes empresas tienen más recursos, los pequeños no y es un tema que sale costoso porque implica hacer muchos estudios y perder material de empaque, que además se compra en volumen para reducir costos”, dijo Mauricio Múnera, gerente de Lácteos Riogrande.

Según Toro, que es de los defensores de los sellos octogonales, esa fue una de las razones por las que se citó al ministro Ruiz a debate de control político. “Duraron un año sin hacer nada y al final salieron a contratar un estudio que no se necesita. Están haciendo que la industria invierta mucha plata en las etiquetas cuando lo que han debido hacer era suspender la Resolución 810 en temas de etiquetado, porque los tiempos de cumplimiento siguen corriendo y seguramente habrá que cambiarlos”.

Según el Ministerio, la U. de Antioquia entregará los resultados del estudio el 21 de julio y, teniendo en cuenta que el nuevo gobierno entra el próximo 7 de agosto, no se pueden comprometer con una fecha para la reglamentación. En otras palabras, la pelota quedará en la cancha de Carolina Corcho, la próxima titular de la cartera.

Los voceros de la cartera no se pronunciaron sobre la necesidad de contratar el estudio, sin embargo, en un documento publicado por Blu Radio, el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, respondió a la Procuraduría que la demora en la reglamentación obedeció a la pandemia del covid-19.

Antecedentes

La semana pasada el Consejo de Estado admitió la demanda con la que el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia solicitó la nulidad de la Resolución 810 de 2021. Como en todo caso los tiempos para su implementación siguen corriendo y entra en vigencia plena en diciembre de este año, la demanda solicita como medida cautelar que se suspenda la norma para evitar que las empresas obligadas avancen en su cumplimiento.