• Juan Camilo Colorado

jueves, 10 de agosto de 2023

Tiene 30 años de experiencia en representación de grupos de accionistas y la estructuración de esquemas de Gobierno corporativo

La firma de abogados PGP Abogados ha llevado la investigación de alguno proyectos de infraestructura en Colombia como el edificio Peñas Blancas en Bogotá y el Acuarela en Cartagena. Carlos Felipe Pinilla reveló algunos detalles de estos casos y la actualidad del derecho urbanístico del país.

¿Cómo ha sido el crecimiento de PGP Abogados en los últimos años?
Con un poco de asombro por la situación política y social del país, el crecimiento de la firma ha sido sostenido. Pensamos que para la época de la pandemia se podía tener un retroceso, pero asombrosamente fue lo contrario.

¿Tiene cifras de cuánto crecieron de un año a otro en el área de resolución de conflictos y litigios?
Definitivamente ha sido la que más ha crecido. El crecimiento ha sido de entre 12% y 13% anual en promedio, pero el área de resolución de conflictos nos ha significado un mayor crecimiento.

¿Cómo va el país en términos de derecho urbanístico e inmobiliario?
En los últimos 25 años, el país ha tenido un crecimiento exponencial en este tema y en lo relacionado a los planes de ordenamiento territorial. Cada día hay más cultura, cada vez se ven más construcciones con licencias (cosa que no se veía antes).

Uno de los casos más sonados es el de la caída de la fachada del edificio Peñas Blancas, ¿qué se definió?
La fachada, como quedó construida, no significó nunca un riesgo. Lo que paso fue que dos lozas se cayeron por el nulo mantenimiento de estas. El riesgo se lo ha adicionado la copropiedad porque se está adosando la fachada con la base que ya estaba, pero le está añadiendo un peso adicional.

¿Están trabajando en otros procesos de corretaje inmobiliario?
Estamos trabajando con el edificio Acuarela, en Cartagena. La opinión pública tiene la impresión de que esto está enmarcado en la ilegalidad y corrupción pero esto es un proyecto con cinco licencias otorgadas por el Estado; y es que es una lucha contra el estado porque es un proyecto de interés social. El edificio no será demolido, la orden de un juez fue demoler una porción (menos de 5%) porque estaba invadiendo el espacio público.

¿Qué tanto han ayudado los subsidios al progreso urbanístico?
La ayuda ha sido fundamental porque se pueden estructurar proyectos como el de Ciudad Verde, en Soacha. La gran urbanización que hoy existe no hubiera sido posible sin la ayuda del sector privado y los subsidios estatales para aquellos que no pueden acceder a la vivienda fácilmente.

¿El Estado debería seguir profundizando el tema de los subsidios?
Por supuesto, eso hace parte de la política social de cualquier Gobierno. La gente agradece eso y hace que los proyectos sean viables financieramente porque los precios son controlados. El Estado ha evolucionado con estos gracias a la exención de los impuestos de renta a viviendas de interés social y la devolución del IVA a materiales de construcción empleados en estos proyectos.

¿Cómo ve el POT que lanzó la alcaldesa de Bogotá?
El decreto expedido por la Alcaldía es coherente con la generación y desarrollo de los proyectos de interés social, vías y colegios. Este plan de ordenamiento territorial coadyuva al desarrollo urbanístico de la ciudad.