• Sofía Alexandra Duarte Torres sduarte@larepublica.com.co

martes, 9 de abril de 2024

El convenio se firmó en las últimas horas entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Secretaría de Hacienda; UNP explicó el porqué

El día de ayer, salió a la luz pública que la inversión en seguridad de los concejales de Bogotá este año (por siete meses) alcanzaría una suma que casi duplica la que se venía manejando el año pasado, de acuerdo con los documentos revelados por el periodista y abogado Melquisedec Torres.

Esto se dio por el convenio entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Secretaría de Hacienda de Bogotá en el que se estipula que los capitalinos pagarán $8,8 millones por 45 carros blindados y 45 escoltas, lo que significaría un aumento de 72%, es decir $28 millones al mes por cada concejal, toda vez que el año pasado se pagaron $5,1 millones por 45 carros y 11 escoltas.

De acuerdo con el documento oficial, el objetivo del convenio se basa en “mantener y/o implementar el esquema de seguridad, a los concejales de Bogotá D.C., que cuenten con riesgo extraordinario y/o extremo, de conformidad con la evaluación del riesgo efectuada por el Comité Especial de Servidores y exservidores públicos de la Unidad Nacional de Protección, con el fin de garantizar las medidas de protección adoptadas”.

A raíz de esto, se dan especificaciones como que los vehículos deben tener ciertos requisitos como un nivel de blindaje IIIA, que sea camioneta 4x4 y adicionalmente el modelo debe ser 2017 o superior. Asimismo, se estipuló que este servicio será única y exclusivamente por los esquemas de seguridad, un componente vehicular y un hombre de protección hasta máximo 45 concejales, aunque en este caso serían 44, pues Daniel Briceño renunció a la protección.

Ante esto, Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP, aclaró a LR que este aumento será a raíz de la incorporación de funcionarios autorizados de la institución para operar los vehículos, toda vez que “hay una norma que obliga a que los vehículos de la UNP sean exclusivamente manejados por las personas de la entidad. Está prohibido que la policía o particulares manejen estos vehículos”, así las cosas la entidad debe proveer escoltas y conductores especializados en conducción defensiva, no solo el medio de transporte.

Sin embargo, “antes de este convenio, los vehículos los entregaba la UNP y en el Concejo miraban quién los manejaba, pero eso está prohibido, es ilegal”.

Rodríguez informó entonces que teniendo en cuenta lo anterior, la entidad determinó que con el fin de cumplir la norma, para los nuevos concejales se implementarán progresivamente los vehículos con una persona de protección, es decir un escolta conductor.

Asimismo, resaltó que este servicio es pago y que únicamente se ofrece de forma gratuita para líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros.

Así las cosas, “el Concejo venía pagando en el convenio solamente los vehículos. Pero en esta oportunidad empezamos a tener en cuenta los escoltas, y como ellos (Concejo) no contaban con el presupuesto, apenas están pagando el 30% de lo que vale un escolta que para la entidad actualmente equivale a $10,5 millones. También se tienen en cuenta elementos como la entrega de chalecos antibalas”, afirmó Rodríguez. La UNP se encarga del otro 70%.

Sobre el financiamiento de este servicio de seguridad, el director de la UNP afirmó que “el Concejo de Bogotá tiene que mirar cómo protege a sus concejales y de dónde saca los recursos. Nosotros hacemos la valoración del riesgo”.

Ante esto, agregó que la mayoría no presenta un alto riesgo, pero que en algunos casos amerita la protección. “Realmente para las personas que viven en Bogotá el riesgo comparativo no es muy alto. El riesgo está en las regiones como Cauca, Nariño, Arauca, entre otros, en donde necesitamos los vehículos”.

Tanto así que este gasto muchas veces resulta innecesario e, incluso, afirmó que muchos concejales en Bogotá pasan de este servicio, y otros “tienen más problemas de transporte que de seguridad y protección y eso se los puede proveer otra entidad”.

Por su parte, Juan Javier Baena, presidente del Concejo de Bogotá, aclaró que estas medidas no las toma el presidente del Concejo, sino que es competencia del Cerrem , “que está conformado por la Policía Nacional, la UNP, el Ministerio del Interior y ellos determinan si los concejales tienen o no un riesgo extraordinario, por lo que el Concejo de Bogotá no tiene nada que ver”. Una vez se determina el riesgo, se celebra el convenio.

Si bien Baena coincidió con Rodríguez en que el incremento se debe al servicio de personal capacitado de la UNP para manejar los vehículos en lugar de conductores externos, y afirmó que “el aumento no es desproporcionado según mi concepto porque corresponde a un hombre adicional que está capacitado para manejar el carro porque así lo contempla la medida de protección”, expresó que también la actualización de precios se dio, así como el aumento del salario mínimo, el costo de vida y la inflación.

El financiamiento de estas medidas, según afirmó Baena, sale directamente del presupuesto del Concejo Bogotá, sin embargo, al este salir de las contribuciones de los ciudadanos preocupa. Enfatizó que “como todo está costando más, todo tiene un mayor costo, pero es algo normal, no es por cuenta de un derroche del Concejo”.

Asimismo, resaltó que aunque estas medidas de protección son determinadas por otras entidades, como presidente del Concejo tiene la obligación de proporcionar los recursos que garanticen esa protección a los concejales.

“Si un concejal no tiene por qué tener carro no se le brinda, si el estudio no demuestra que necesita protección, no se le dará”, y agregó que estas medidas solo aplican a los casos que la UNP determine. Es decir, que “si la UNP determina riesgo mediante las evaluaciones, así me cueste el doble de presupuesto, debo proteger la vida de esa persona” concluyó.

Antecedentes

De acuerdo con Juan Javier Baena, presidente del Concejo de Bogotá, actualmente, por ejemplo, hay dos concejales seriamente amenazados, y partiendo de este caso afirmó entonces que la importancia de estas medidas radican en que “si algo les llega a pasar, y no tienen medidas de protección, el primero al que le pedirán cuentas es al presidente del Concejo y luego al director de la UNP porque no se les dieron las medidas pertinentes”.