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Daniel Rojas Castañeda - drojas@larepublica.com.co lunes, 3 de agosto de 2020

La Dirección de Investigaciones de la Delegatura Para la Protección de Usuarios ha iniciado 49 investigaciones administrativas

El covid-19 ha desencadenado toda una serie de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (Pqrs) por parte de los miles de viajeros que deseaban llegar a diferentes destinos dentro o fuera del país y que no pudieron hacerlo debido a las restricciones del Gobierno.

A través de un informe que entregó la Superintendencia de Transporte se reveló que entre el 17 de marzo y el 14 de julio se han recibido 1.447 denuncias. De ellas, 1.343 son en contra del sector aéreo y 104 del terrestre.

Así mismo, se mostró que los usuarios por lo que más reclaman son por reembolsos en sus tiquetes (895), seguido de cambio de itinerario (389); problemas con el tiquete (nueve); publicidad engañosa (cinco) y equipaje (cuatro).

Entre tanto, las empresas de las que más se recibieron denuncias en el sector aéreo fueron: Fast Colombia, con 328; Avianca (296) y Wingo (163). Por su lado, la primera de las terrestres fue Expreso Bolivariano, con 13 solicitudes; Transportes Rápidos Ochoa (ocho) y Expreso Palmar (seis), entre otras (ver gráfico).

La Dirección de Investigaciones de la Delegatura Para la Protección de Usuarios ha iniciado 49 investigaciones administrativas, 39 de ellas durante el año pasado y 10 iniciadas en 2020.

Unas 25 investigaciones administrativas corresponden al modo terrestre contra empresas como Expreso Bolivariano, Servientrega, Expreso Brasilia, Transportes Expreso Palmira y Copetrán Ltda. Y 24 son aéreas, entre las que se menciona a Avianca, Fast Colombia S.A.S., Aerorepública -Wingo e Easyfly S.A.

El superintendente Camilo Pabón explicó que las empresas investigadas podrán ejercer su derecho de defensa presentando los argumentos y pruebas, una vez estos sean analizados se decidirá entre el archivo o la sanción correspondiente. “A las empresas que se les ha iniciado investigación administrativa (...) se les ha respetado la garantía constitucional del debido proceso y al momento de imponer la sanción, se tendrán en cuenta las circunstancias societarias y financieras en la que se encuentre la empresa investigada”, aseguró Pabón.

Adicionalmente, se han realizado un total de 60 requerimientos de información a empresas de transporte y unas 200 compañías han radicado el protocolo de bioseguridad ante esta entidad.

Desde la Supertransporte explicaron que el ciudadano que quiera realizar este tipo de denuncias no requiere de ningún abogado para su presentación. Pero sí es necesario que la mayoría sean establecidas de forma clara especialmente las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

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