Presentar un diploma falso puede costarle el empleo y hasta llevarlo a penas de prisión
El que falsifique un documento público que pueda servir de prueba podría incurrir en una pena de entre cuatro y nueve años de prisión
21 de noviembre de 2026
En estos días, la Universidad Nacional de Colombia desmintió que Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, fuera egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Ante esta situación, resulta relevante conocer qué consecuencias puede tener alguien que presente un diploma o documento falso.

El que falsifique un documento público que pueda servir de prueba podría incurrir en una pena de entre cuatro y nueve años de prisión. Pero si la persona no participó en la falsificación, pero lo presentó, la pena irá de cuatro a 12 años. Son dos conductas distintas, previstas en los artículos 287 y 291 del Código Penal colombiano. “Lo importante es determinar quién falsificó el documento, quién lo presentó y qué ocurrió como consecuencia de su utilización”, explicó Sharon Nicole Castillo, directora de Sharon Castillo Abogados.
La distinción importa porque un aspirante puede haber elaborado o alterado el diploma, o haberlo conseguido de otra persona para adjuntarlo a su hoja de vida. Cuando quien participó en la falsificación también utiliza el documento, el artículo 290 del Código Penal contempla la posibilidad de aumentar la pena hasta en la mitad, siempre que se configuren los supuestos previstos en la norma. Cuando se investiga únicamente su uso, importa establecer si sabía que el título era falso.
En una empresa privada, el efecto puede ser la pérdida del puesto. El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo permite terminar el contrato con justa causa cuando el trabajador presenta certificados falsos para conseguir su admisión al empleo o para obtener un provecho indebido durante la relación laboral.
El engaño puede constituir fraude procesal cuando se induce en error a un servidor público para obtener una decisión contraria a la ley, como un nombramiento para el cual el aspirante no cumple los requisitos.
“Ahora bien, si ese diploma se utiliza para acceder a un cargo público o conseguir una decisión administrativa contraria a la ley, también podría investigarse un fraude procesal, siempre que se acrediten sus elementos. Este último delito contempla penas de seis a 12 años de prisión y multas de 200 a 1.000 salarios mínimos ($350 millones a $1.750 millones)”, señaló Castillo.
En el caso de Estrada, el Pacto Histórico le pidió que renuncie a su curul tras las denuncias sobre la presunta falsedad de su título. “Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara”, indicaron en un comunicado.
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