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sábado, 25 de febrero de 2017

Por supuesto que el Sistema Judicial no es perfecto, en esta columna en varias oportunidades he mencionado varias deficiencias y problemas con los que día a día los usuarios del sistema, abogados y partes, tenemos que lidiar. Falta de recursos en la Rama Judicial, congestión en los despachos, deficiente unificación jurisprudencial, etc., asuntos todos de carácter operativo y administrativo más que de indebida aplicación del Derecho.

En principio, y por principio, toda decisión de un juez está sujeta a la Ley, tanto la decisión como su motivación resultan de un ejercicio integro en el que los jueces aplican las normas sustanciales según lo que las partes en contienda logren probar: “Dame los hechos, yo te daré el derecho” es el principio que desde el Derecho Romano gobierna la actividad de los jueces, y es que nada más objetivo que la Ley (que naturalmente evoluciona y que obedece a momentos históricos y políticos específicos) por ser general, impersonal, abstracta y obligatoria.

Que las decisiones judiciales no se sustenten en la Ley sino en juicios sociales, morales o en el devenir de la opinión pública desnaturaliza las instituciones jurídicas y con ello abre paso a la incertidumbre, la desconfianza en el sistema jurídico y judicial y a la temida y desproporcionada “ley por mano propia”.

Probablemente haya decisiones judiciales con las que no estemos de acuerdo. Decisiones sobre las que consideremos que los jueces no aplicaron la Ley en la forma en que correspondía, según nuestra interpretación de los hechos, que no conducen a una solución de un problema entre partes en los términos esperados, decisiones inhibitorias, decisiones que no nos satisfacen pero contra cada una de ellas siempre existe la posibilidad de revisión por parte de jueces de mayor jerarquía (salvo muy contadas excepciones en las que no existe doble instancia). 

¿Por qué debemos cuestionar una decisión judicial bajo un criterio diferente al meramente legal? ¿No es acaso la Ley aquello a lo cual nos sometemos para la regulación de nuestras relaciones y comportamientos como sociedad?  ¿Acaso la Ley no surge precisamente para evitar que como sociedad tengamos respuestas desproporcionadas ante diferentes situaciones? 

Seguramente me tildarán de ingenua, pero como abogada creo y debo creer en las instituciones jurídicas, en la correcta administración de justicia y en un aparato judicial en el cual haya confianza. Sin esto es imposible avanzar en el camino de la paz, en la garantía de los derechos individuales, en el orden. 

Las decisiones judiciales se deben cuestionar en derecho y no en conveniencia política o bajo principios morales (tan cambiantes como personas hay en un país). El poder cambia, la moral se relaja o se refuerza según el criterio individual,  en cambio la Ley perdura y es una sola.

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