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viernes, 12 de junio de 2015

La ley antidiscriminación 1482 de 2011 incurría en una omisión legislativa, porque  únicamente penalizaba la discriminación en función de la raza, la nacionalidad, el sexo y la orientación sexual, sin contemplar la discriminación por razón de discapacidad.

Por esta razón como jurista y académico demandé esta omisión legislativa, pero  la Corte Constitucional consideró en la Sentencia C-671 de 2014, que no existía dicha omisión.

El fallo fue extraño, pues la Corte señaló que no se presentaba la referida omisión legislativa, cuando es claro y expreso el deber constitucional específico del artículo 13, que obliga a proteger y sancionar la discriminación contra la población con discapacidad.

Con la aprobación de la Ley 1752 de 2015 se me da la razón, pues la llamada ley antidiscriminación, paradójicamente discriminaba a las personas con discapacidad.

La nueva Ley 1752 de 2015 está en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009, que define discriminación por motivos de discapacidad en el artículo 2 así:

“cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.

La Ley 1752 de 2015, desde su objeto contempla la discapacidad al señalar que busca “sancionar penal mente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación”.

Con la Ley 1752 de 2015,  el Código Penal tiene un artículo 134A, que determina que el que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de discapacidad, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

También incorporó al Código Penal el artículo 134B, que sanciona el hostigamiento por razón de discapacidad,  determinando que el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de discapacidad, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De esta manera celebramos desde la academia y el movimiento social que el Estado colombiano se haya ajustado al derecho internacional, que el Congreso de la República haya enmendado esta omisión legislativa y que el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos haya sancionado la Ley 1752, que dignifica a la población con discapacidad.

En conclusión, la discriminación y el hostigamiento por razón de discapacidad constituyen dos nuevos delitos en Colombia, tipificados con pena privativa de libertad y multa con la nueva Ley 1752 de 2015 que modificó el Código Penal.

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