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sábado, 17 de mayo de 2014

Pero, adicionalmente, no se olvide que toda persona, sin excluir a los actuales o antiguos altos funcionarios, tiene la obligación -por mandato legal- de denunciar, acudiendo a las autoridades competentes -antes que a los medios de comunicación-, si tiene conocimiento acerca de hechos que puedan tener el carácter de punibles. 

Desde luego, tampoco fue edificante el ejemplo del Presidente Juan Manuel Santos cuando desacató las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -Cidh- en el caso de la destitución e inhabilitación arbitrarias del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro. O cuando provocó el hundimiento del inconstitucional Acto Legislativo de reforma a la justicia, de origen gubernamental, mediante procedimientos no menos inconstitucionales, como la objeción por inconveniencia -que no cabe respecto a reformas de la Carta Política- y la convocatoria a unas sesiones extraordinarias completamente inapropiadas para tal efecto, según los textos fundamentales. 

Quienes hemos desempeñado y quienes desempeñan cargos de alta responsabilidad en el Gobierno, en la Judicatura, en el Congreso o en otras instituciones estatales, además de estar sujetos -como todo ciudadano- al imperio del orden jurídico y al acatamiento que imponen las decisiones judiciales, contraemos una específica obligación moral -por respeto a la dignidad correspondiente- en el sentido de obrar, durante el ejercicio de la función y después de nuestro retiro, con arreglo a las normas vigentes, con toda discreción y respeto hacia el Derecho, y en el entendido de que nuestros comportamientos públicos siempre serán observadas por la comunidad. Debemos, en consecuencia, hacer pedagogía con el ejemplo y con el estilo de vida, pues resulta hipócrita y es un engaño al pueblo predicar algo y hacer exactamente lo contrario. Tal hipótesis es la de la sal que se corrompe. 

Es verdad que en los días que transcurren, como lo hemos dicho varias veces, ha hecho crisis la credibilidad de algunos administradores de justicia, y en general, respecto a nuestro sistema judicial ha hecho su aparición el fantasma más indeseable: el de la desconfianza de la ciudadanía. Pero si en ello pudiéramos todos, lícitamente, fundar una práctica de evasión de nuestras obligaciones legales y de desobediencia la providencia judicial que no sea de nuestro agrado, el resultado no sería otro que un abismo insondable en el que todos nos precipitaríamos. Ante la desaparición del Estado de Derecho, estaríamos regresando a las épocas salvajes en que imperaba la ley del más fuerte. Como dice la expresión popular: “El acabose”. 

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