Jueves, 11 de diciembre de 2014

Un primer logro fue el actual Plan Nacional de Desarrollo, “Prosperidad para Todos”, Ley 1450 de 2011, que en su artículo 176 ordenó diseñar  la política pública de discapacidad, por lo que se aprobó el documento Conpes 166 de 2013,  que rediseña la política actual de discapacidad, trascendiendo las políticas de asistencia o protección, hacia políticas de desarrollo humano con un enfoque de derechos. 

Otro logro, es la consolidación del Sistema Nacional de Discapacidad, SND, como el mecanismo de coordinación de los diferentes actores que intervienen en la inclusión social de esta población en el marco de los derechos humanos. 

El logro más importante es la Ley estatutaria de discapacidad 1618 de 2013, que desarrolla la Convención y tiene como objetivo, el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, Ley que en la actualidad se está reglamentando. 

Otro logro es el apoyo de la comunidad internacional, que respaldó la candidatura de un colombiano como experto independiente del Comité de Seguimiento de la Convención. 

Respecto a los retos, considero que la discapacidad debe estar representada en el Consejo Nacional de Paz ampliado, que reforme la Ley 434 de 1998, en el entendido que la violencia social y la guerra en Colombia han sido unas de las principales causales de discapacidad. 

Se debe incluir la discapacidad en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, al igual que en el actual. 

Otro reto es modificar la estructura institucional de la discapacidad en Colombia, ajustándose a los nuevos modelos conceptuales que plantea la Convención. 

El Estado colombiano estudia la aprobación el Protocolo Facultativo de la Convención, que prevé la supervisión y la aplicación tanto en el plano internacional como nacional. Se debe enmendar la omisión legislativa del Congreso, que dejó por fuera la discriminación por razón de discapacidad, Ley 1482 de 2011, Aspecto que se señala en el literal B del informe específico, puntos 10 al 14, “Acciones contra la Discriminación  por motivos de discapacidad”. 

Otro reto es crear el ente que supervise la aplicación de la Convención, instancia consagrada en el artículo 33 de  dicho instrumento.  

Se debe ratificar el Tratado de Marrakech, para permitir el intercambio internacional de libros accesibles para personas con discapacidad. Considero que se requiere aprobar una ley de cuotas laboral para la población con discapacidad, desarrollando la Ley Estatutaria de Discapacidad 1618 de 2013, que ya incorpora la obligación de fijar un porcentaje para esta población en los cargos públicos, porcentaje que aún no se ha determinado por el Gobierno. 

Un reto importante señalado en el punto 58 del informe, que desarrolla el artículo 8 sobre toma de conciencia, en el que el Estado colombiano reconoce que “los enfoques de  caridad, asistencialismo y lástima, deben ser reemplazados por una conciencia sobre los derechos y el enfoque del denominado modelo social de discapacidad, incorporado por la Convención”, sin embargo, en el país se continúan realizando jornadas televisivas  de colectas en nombre de toda la población con discapacidad.

 Por último, se debe garantizar la participación efectiva en la vida política, tal como lo señala el artículo 29 de la Convención, que en el literal (a) indica que se debe asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás. 

 

En conclusión, el Estado colombiano presentó un buen informe de discapacidad ante Naciones Unidas, que demuestra los avances que se han tenido, pero debemos reconocer que faltan importantes retos para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad, que garanticen el estándar internacional impuesto por la Convención.