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Miércoles, 11 de marzo de 2015

Día a día surgen nuevos y fuertes pronunciamientos desde diversos sectores que obligan a mirar con recelo hacia Caracas, como centro de poder del país suramericano. 

Una semana atrás el foco de atención fue el pronunciamiento de la Unasur respaldando incondicionalmente al gobierno de Nicolás Maduro. Para esta semana, causa revuelo el hecho de que el presidente Barack Obama haya firmado una declaración de “emergencia nacional” para endurecer medidas contra funcionarios del gobierno bolivariano.

La situación se torna cada vez más compleja. Hoy Venezuela es un país con una revolución bolivariana deslucida y vacía que se esfumó con la muerte de su gestor Hugo Chávez, con indicadores manipulados para evitar que se conozca la cruda realidad en la que el país está envuelto (no hay certeza sobre cifras de inflación, empleo y pobreza del país, por ejemplo), con una inseguridad disparada que se esconde mediante la utilización de la represión, y con una particular tendencia a aumentar el número de presos políticos tal como se usaba en la vieja estructura soviética, para impedir la pérdida de control sobre las precarias instituciones.

Lo que resulta bien particular es que ante semejante situación, con los excesos de poder  evidentes en el país vecino, la Unasur se haya puesto en posición de respaldo irrestricto al gobierno de Nicolás Maduro. 

En su declaración oficial de la semana anterior, el secretario general del organismo (no sólo él sino también otros ministros de relaciones exteriores de la región) se mostró complacido con la manera como se viene gobernando el país y le ofreció un respaldo categórico en lo relacionado con la defensa de la democracia en su territorio.

Por supuesto que está muy bien identificar a la Unasur con los principios democráticos, pero desentona profundamente que se catalogue de democrático a un régimen que aprisiona a sus opositores, impide a la prensa divulgar libremente los descubrimientos periodísticos y cuestiona a todo quien desconoce los postulados reaccionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). 

Más grave aún resulta que Ernesto Samper atribuya la oleada de violencia de manera exclusiva a los opositores del gobierno y, en ningún caso, al aparato coercitivo del mismo Estado.

Contrario a ello se pronunció el presidente Barack Obama. Desde Washington declaró el estado de “emergencia nacional” para usar poderes superiores a los que le otorga el Congreso de los Estados Unidos y así sancionar a los funcionarios que, luego de un seguimiento exhaustivo, han sido considerados violadores de los derechos humanos de los venezolanos.

Siete nuevos funcionarios de ese país han quedado vetados para ingresar a Estados Unidos y le serán confiscados sus bienes y congeladas sus cuentas.

Además, la posición de Obama ha ido más allá al tipificar la situación venezolana como una “amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses”.

 Sin embargo, es importante anotar que las medidas tomadas no van contra el gobierno. Se busca la afectación directa a funcionarios corruptos miembros de los círculos de poder de Maduro.

Es evidente que hay disparidades. Quito, a través de la Unasur, no ve ninguna anomalía en Venezuela. Washington, a través de la Casa Blanca, está viendo cada vez más. 

Aunque a ninguno de los dos actores le correspondería intervenir, es claro que se aprecia menor incoherencia en las acciones que vienen desde Norteamérica.

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