• Ana María Sánchez amsanchez@larepublica.com.co

miércoles, 7 de julio de 2021

Antonia Urrejola, presidenta de la Cidh, aseguró que, de manera reiterada, el Estado se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza

En una conferencia de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), realizada desde Washington, se entregó un balance de la visita que hizo la Comisión entre el 8 y 10 de junio, en la que buscaban confirmar y verificar las denuncias de violación a los derechos humanos en el marco del paro nacional y los bloqueos que iniciaron desde finales de abril.

Al inicio de la reunión, la Comisión aseguró que continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales y anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos que contribuya a la consolidación de la paz entre los actores de la sociedad.

Antonia Urrejola, presidenta de la Cidh, fue quien se encargó de dar el balance, en el que recalcó, en primera medida, que se recibieron 302 testimonios de diferentes sectores de la población. Además, resaltó que fue posible constatar, tanto de parte del Gobierno, como de la ciudadanía, que el descontento que desencadenó la protesta social tiene que ver con: la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, acceso a la educación, trabajo y la salud.

Urrejola señaló que de las 12.242 jornadas de protesta, reportadas por el Estado, en 89% no se registraron hechos de violencia. "Resaltamos la masiva participación democrática de la ciudadanía, a través del ejercicio de la protesta pacífico, que ha cumplido un rol esencial en dar visibilidad a reclamos que requieren ser atendidos", dijo la presidenta.

Por ende, la directiva confirmó que en solo 11% de las protestas se presentaron acciones violentas y disturbios, sin embargo, hizo hincapié en que en este 11% se presentaron graves afectaciones a los derechos humanos, tanto de manifestantes como de servidores públicos.

"La comisión destacó que de manera reiterada, en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza. En muchos casos, la actuación incluyó la fuerza letal y la Comisión recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, especialmente en Cali y el Valle del Cauca", dijo Urrejola.

Otro de los temas en los que la Comisión hizo énfasis fue en la desaparición de civiles, en el marco de las protestas, y recalcó que la Comisión recibió muchas denuncias al respecto, por lo que seguirá siendo un punto en el cual se seguirán enfocando.

Finalmente la directiva advirtió que el Estado tiene una oportunidad para conducir la situación actual hacia una nueva etapa de participación ciudadana, para abordar las demandas de la población, pero con el máximo respeto por los derechos humanos.

Además, invitó a que se refuerce el proceso dialogo que disminuya las tensiones en la sociedad e incremente la confianza en las instituciones estatales. "La Comisión seguirá monitoreando el desarrollo de las protestas, al tiempo que expresa su amplia disposición para brindar asistencia técnica para el seguimiento de las recomendaciones en materias de derechos humanos para Colombia", puntualizó Urrejola.