Lunes, 2 de marzo de 2015

La decisión del juzgado 2o civil de esa ciudad se suma a la investigación administrativa que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio contra seis miembros de la junta que decidieron terminar el contrato de trabajo a Gómez Carmona. El pliego de cargos de la Superintendencia contra los directivos se basa en presuntas violaciones a la ley de Cámaras de Comercio, a los estatutos de la entidad y al Código de Comercio.

El pliego de cargos cobija a los representantes del gobierno, Nelson Norbey Quintero y Javier Guzmán y a los representantes del sector privado Andrés Sierra Pineda (vicepresidente de la junta), Osman Olaya, José H. Castilla y Gustavo Prada.

Se espera que en los próximos días, el superintendente Pablo Felipe Robledo, emita un fallo sobre el tema, en el entendido que se mantiene una especie de “limbo” jurídico en la entidad, pues en el momento no hay representación legal, con lo cual se advierte parálisis para adelantar trámites, contratos y convenios.

La demanda de impugnación del acta de la junta directiva del 4 de diciembre fue impuesta por la abogada Luz Amparo Forero, apoderada del también abogado Ricardo Gartner Escobar, delegado del gobierno nacional, quién se apartó de la decisión de la junta por considerar que se estaba extralimitando en funciones, habiendo claras inhabilidades de miembros de la junta que aspiraban a la reelección en la junta y al no cumplimiento de los requisitos para la convocatoria de una junta extraordinaria con ese objetivo.

El pliego de cargos de la Superintendencia se extiende a supuestas maniobras de un miembro de la junta, Andrés Sierra, para haber lobby frente a la Dian usando su investidura de miembro de junta y a la intromisión del presidente de la junta, Nelson Norbey Quintero, en los asuntos administrativos de la entidad, lo cual está prohibido por la ley de Cámaras de Comercio.

En distintos sectores empresariales de Ibagué se ha cuestionado el comportamiento de la directiva de la Cámara que en los seis últimos años ha tenido igual número de presidentes ejecutivos, que son relevados del cargo cuando no se acomodan a las apetencias de algunos de sus directivos.

En la búsqueda de corregir las maniobras para apoderarse de las juntas directivas de las cámaras de comercio por parte de grupos locales, el gobierno nacional tramitó en el Congreso de la República una reforma que entró en vigencia en julio del año pasado, dándole poderes especiales al la Superintendencia de Industria y Comercio para intervener en caso de presentarse irregularidades, incluyendo suspensión de elecciones o de juntas directivas.