A través de la Operación Gaia, la Policía desmanteló red de corrupción en el Atlántico
El operativo se llevó a cabo en un trabajo en conjunto entre el equipo de contra inteligencia de la Dijin, la Dipol y la Fiscalía
16 de abril de 2025
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En coordinación con la Fiscalía ocho especializada contra la corrupción y un proceso de contrainteligencia liderado por la Dijin y Dipol, hace más de un año se adelantó un proceso de investigación contra los funcionarios públicos por actos criminales de corrupción en la ocupación y apropiación de tierras en el Atlántico.
Como consecuencia de dicho seguimiento, las autoridades materializaron la ‘Operación Gaia’, y a través de esta, lograron capturar 17 personas bajo los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.
Según las autoridades, en la red de corrupción se identificó la participación de varios servidores públicos, entre los cuales se encontraban tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de la Policía, un notario, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la alcaldía de Soledad, Atlántico.
Las investigaciones también revelaron que, presuntamente, estas personas ocupaban y se apropiaban de tierras en Barranquilla, Soledad, Malambo y Santo Tomás, en el departamento del Atlántico, y el municipio de Cereté, Córdoba.
Según las autoridades, “esta operación es la primera que se realiza de esta magnitud y donde se evidencian actos de corrupción por parte de servidores públicos y se continúa con el proceso investigativo, esperando próximos resultados con futuras imputaciones”.
¿Cómo fue la operación?
El brigadier general Yecid Peña, comandante de la Región ocho de la Policía Nacional, explicó que la investigación se realizó a partir de cuatro líneas investigativas, entre las que se analizó su modus operandi.
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Dentro de los terrenos ocupados ilegalmente que fueron investigados por las autoridades, se encontró una extensión de tierra que, en un principio, debía ser destinada a la construcción de un megacolegio pero que fue desviada por particulares, que fraccionaron y comercializaron ilegalmente el terreno en lotes, para luego vender cada uno en un valor aproximado de $50 millones.
Como consecuencia de esto, se afectaron cerca de 277.000 metros cuadrados, los cuales fueron adquiridos, parcelados y vendidos de forma fraudulenta a varias familias que resultaron siendo estafadas.
A su vez, la comercialización de estos terrenos afectó el desarrollo y ejecución de varios proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras con las que se buscaba crear espacios de uso público, como la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
“Con este resultado se busca recuperar el interés de constructoras que ya se habían visto afectadas por los intereses particulares de la red criminal para establecer proyectos. Por último, señalar que este resultado operacional permite generar tranquilidad para las más de 1.800 familias que viven en las zonas afectadas de Soledad, Atlántico”, concluyó el informe entregado por el general Peña.
Cómo operaba la red de corrupción.
En una rueda de prensa, Peña aseguró que los registradores de Instrumentos Públicos permitían el registro de predios, otorgaban matrículas inmobiliarias y el desbloqueo de resoluciones de predios de dudosa posesión.
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En el caso de los notarios, estos permitían la protocolización de escrituras públicas para la posterior venta de predios obtenidos, sin que estas fueran sometidas a revisiones previas de pago de impuestos o verificaciones de registros catastrales.
El calificador de instrumentos públicos omitía la verificación de documentos para asegurarse de que estos fueran legales al momento de su inscripción en registros como los catastrales, pago de impuestos, entre otros.
En el caso de los inspectores de la policía, estos emitían amparos policivos a favor de los usurpadores o agentes corruptores solicitantes de querellas policivas con el fin de apropiarse irregularmente de los terrenos.
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