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miércoles, 9 de agosto de 2017

Se inició el debate del proyecto de acto legislativo que propone una reforma política y electoral.

Este miércoles la Comisión Primera de la Cámara de Representantes comenzó el debate del proyecto de acto legislativo que propone una reforma política y electoral.

Se trata de una ambiciosa reforma que, pese a su importancia, con el tiempo comenzó a ‘desinflarse’, pues algunos de sus principales aspectos fueron retirados en el consenso que logró el Gobierno con las diferentes bancadas políticas. De esta manera, se buscó dejar sin argumentos a quienes consideraban que en esta iniciativa se le colgarían más de un 'mico'.

Por ejemplo, establecer el voto obligatorio y bajar a 16 años la edad para tener el derecho al sufragio, que en un comienzo gozó de respaldo parlamentario, fueron algunos de los aspectos excluidos del texto radicado por el Ejecutivo.

También se retiró la idea de acabar con la figura del Vicepresidente de la República y regresar a la del Designado Presidencial, y hasta la de dejar como está el período constitucional del Presidente de la República, mandatarios locales y seccionales y los jefes de organismos de control. La propuesta inicial era extender ese periodo a cinco años.

También se desistió de la idea de un Congreso Unicameral y la de regresar a la lista cerrada para corporaciones públicas, pues a cambio se creará mejor un régimen de transición para las elecciones de 2018.

Así las cosas, la reforma quedó limitada a aspectos como reorganizar la financiación estatal de campañas, establecer nuevos mecanismos para alcanzar la personería jurídica y limitar a máximo tres periodos la posibilidad de hacer parte del Congreso de la República.

Incluso, también ha generado controversia que este proyecto de acto legislativo se tramite vía ‘fast track’, pues aunque es un proyecto que implementa algunos aspectos del Acuerdo Final de Paz suscrito con el Gobierno, la Procuraduría y la Contraloría no están de acuerdo, primero, porque dicen que nada tiene que ver con lo acordado con las Farc y, segundo, porque les resta algunas facultades jurisdiccionales y sancionatorias.

Para este último punto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, dijo que el tema “está abierto a discusión” durante las deliberaciones en el Legislativo.

Para el catedrático de Eafit, Jorge Giraldo Ramírez, se trata de “una reforma inoportuna, que contradice el sentido inicial de reformar el Acuerdo Final de Paz para facilitar la participación en política de las Farc”.

Para el analista Juan Manuel Charry: “no hay ambiente político en este momento, porque estamos en un año preelectoral”. Según este experto “nadie cambia las reglas de juego que lo van a afectar desde ya”.

Según el Ministro del Interior, este proyecto busca armonizar la legislación colombiana con los tratados internacionales sobre derechos y garantías políticas.

Rivera Flórez destacó que en la ponencia se contempla un avance importante con la modificación que tendría el Consejo Nacional Electoral que ahora se llamaría Consejo Electoral Colombiano... “dejará de ser meramente político pues ahora tendrá nuevas competencias jurisdiccionales, será integrado en una tercera parte por el Congreso, otra tercera parte por la Presidencia de la República y otra tercera parte por las altas Cortes”.
Los siguientes son los principales alcances del proyecto de reforma política y electoral (ver texto completo y ponencia para primer debate en documento adjunto).

Financiación estatal de campañas políticas:

El Estado se encargaría de pagar las campañas políticas de todos los candidatos.

Listas cerradas al Congreso:

Esta propuesta se retiró de la ponencia. "La lista cerrada entraría en vigencia a partir del año 2022 y para las elecciones del año 2018 y 2019 vamos a buscar un régimen de transición, una especie de lista semicerrada, de tal manera que los votos que se depositen por el logo del partido tengan una incidencia sobre el orden en el que vayan ubicados los candidatos".

Control a la financiación de las campañas políticas:

Prohibición de contratar transporte a promotores de campañas el día de elecciones, las dádivas, las donaciones o los regalos por parte de las campañas. Los particulares que contribuyan en la financiación de campañas lo declaren públicamente para evitar sanciones de carácter penal.

Pérdida de investidura:

Elimina tres causales: la violación al régimen de inhabilidades, el tráfico de influencia o la indebida destinación de dineros públicos, ya que estos podrían cumplir una sanción y regresar a la vida pública, hecho que ha sido denunciado por varios sectores políticos.

Reconocimiento sin umbral

Los partidos podrán tener su personería jurídica sin haber alcanzado el umbral, siempre y cuando, cumplan una serie de requisitos que son: Tener un mínimo de afiliados equivalente al 0.2% del censo electoral, es decir, de la población apta para votar, esto vendría siendo unos 71.226 ciudadanos. Esta base se irá aumentando a partir de 2019 hasta que llegue al 0.5 del censo electoral, es decir, 178.065 personas, lo que les permitirá acceso a nuevas organizaciones políticas. De aprobarse la reforma, durante ocho años, los partidos que tienen personería jurídica mantendrán esta condición sin afiliación o votación.

Promoción de la participación política:

Limita a tres periodos la reelección para cualquier corporación (Senado, Cámara de Representantes, Concejos, Asambleas, etc), busca reducir la edad para postularse a diferentes cargos (Senado de 30 a 28, Cámara de 25 a 23) y reglamenta el principio de paridad gradual.

Financiación de campañas

Sobre financiación de los partidos políticos será por partes equitativas con dineros provenientes del Estado y la segunda habla de una financiación para las campañas en manos principalmente del Estado.

Molestia del Procurador

El artículo primero del proyecto propone que las inhabilidades decretadas por el Ministerio Público tendrán efectos sólo cuando sean ratificadas por el Consejo de Estado.