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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co Martes, 10 de febrero de 2015

Tras la solicitud de la ministra de Educación, Gina Parody y luego de haber realizado una indagación preliminar, la Superintendencia de Sociedades, abrió pliego de cargos a la Fundación Universitaria San Martín por haber omitido la conformación de un grupo empresarial.

“Le solicito adelantar las acciones a que haya lugar, para verificar la existencia de los hechos, establecer si los terceros, hacia donde presuntamente se estarían desviando los recursos de la Fundación, incurren con ello en alguna conducta irregular y sancionable, y adoptar las medidas y decisiones que correspondan”, señaló Parody.

Inversiones Alvear Orozco (en liquidación); Prodomed; Gloma; Gráficas San Martín; Giro Manufacturing de Colombia; Centro de Biotecnología Reproductiva (Cibre); Fundación Qualite Fish Meat and Vegetable Corporation; Fondo para el Fomento de las Educación (FFE); Fondo para el Mejoramiento y Crecimiento de las Necesidades Básicas, Alimento, Salud, Educación (Foneducar) y la Fundación Grupo Social San Martín están hoy en el ojo del huracán por cuenta de los presuntos incumplimientos del artículo 30 de la Ley 222 de 1995.

El pliego de cargos se abrió específicamente para cuatro de las empresas mencionadas: Gráficas San Martín, Inversiones Alvear Orozco, Promed y Gloma.

Mariano Alvear, su hijo Martín Eduardo Alvear y José Antonio Alvear, hijastro de Mariano están incluidos en los pliegos de cargos por no haber reportado la información relevante a la entidad; pues “las citadas personas naturales directa o indirectamente poseen más de 50% del capital social” de las sociedades mencionadas.

En la normativa, se establece que existe “la obligación para las matrices o controlantes de solicitar la inscripción de la situación de control o de grupo empresarial”, lo que al parecer estaría siendo incumplido por dicha sociedad.

De hallarse responsable de esta falencia de información, e Grupo podría tener una multa de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que implicaría una suma de $128,8 millones.

La entidad de control, dirigida por Francisco Reyes, sostuvo que en las pruebas proferidas a las empresas “se observa la existencia de objetos sociales complementarios, operaciones entre las sociedades y reconocimiento público como grupo empresarial, situaciones que evidencian que además del control conjunto, existe unidad de propósito y dirección”.

La Superintendencia agregó que los implicados tendrán un plazo de 15 días hábiles después de la notificación para presentar algún recurso y evitar la medida.

Parody señaló que la intervención de la Fundación se da porque después de los esfuerzos por analizar la información contable, no fue posible lograr recuperar la información de manera transparente de la Universidad.

Jorge Guevara, perteneciente al comité ejecutivo de Alianza Verde, aseguró que en vez de escarbar tanto a las universidades, el Gobierno debe ponerle freno a las irregularidades aplicando la modificación a la acreditación de estas instituciones.

Todo lo sucedido con la San Martín, aseguró, hace parte de los vacíos que dejó la falta de reestructuración de la ley 30, a la que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le ha hecho conejo.

El lunes pasado, la Ministra lanzó el nuevo plan de acreditación de las universidades que le pondrá la lupa a las Instituciones de Educación Superior (IES) para aumentar el número de instituciones de alta calidad, que actualmente es de13,6% y prevén que aumente a 20% en 2018.

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