Agencia local y firma emiratí reclutaron exmilitares colombianos para la guerra en Sudán

Una investigación de la organización Human Rights Watch expuso mediante un artículo informativo que exmilitares colombianos fueron reclutados por una empresa de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos para combatir en el conflicto de Sudán junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido, una de las partes combatientes en el país africano.

El proceso de reclutación en el territorio nacional se inició a través de la agencia de contratación A4SI, con sede en Colombia, la cual sirvió como primer punto de contacto para los ciudadanos locales mediante supuestas publicaciones de empleo para vincularlos con la firma extranjera Global Security Services Group.

La movilización de los contingentes hacia el continente africano ya registraba el despliegue de al menos 300 ciudadanos colombianos en agosto de 2024, período en el cual las fuerzas sudanesas intensificaban las acciones bélicas sobre la localidad de El Fasher, en Sudan. Los contratistas nacionales utilizaron rutas internacionales que incluyeron paradas en instalaciones militares emiratíes en Abu Dabi, para luego avanzar mediante puentes aéreos y terrestres por puntos intermedios en Libia, Somalia y Chad hasta ingresar a la región de Darfur.

Las primeras evidencias públicas sobre la participación de colombianos se conocieron en noviembre de 2024, cuando una coalición aliada al ejército regular sudanés interceptó un convoy proveniente de Libia en el desierto de Darfur del Norte. En este operativo se recuperaron equipos militares y documentos de identidad de un ciudadano colombiano, entre ellos su pasaporte y su licencia de conducción, los cuales fueron difundidos en plataformas digitales por los reclutadores.

La presencia de los combatientes sudamericanos continuó durante el primer semestre de 2025, tiempo en el cual prestaron apoyo directo a las operaciones tácticas y proporcionaron entrenamiento militar a nuevos reclutas de las Fuerzas de Apoyo Rápido en las cercanías de la localidad de Nyala.

Las investigaciones de la organización de derechos humanos comprobaron, mediante registros audiovisuales, geolocalizados que los ciudadanos colombianos operaron armamento pesado, como morteros, durante el desarrollo de los enfrentamientos urbanos.

En octubre de 2025, las Fuerzas de Apoyo Rápido consolidaron la toma de la ciudad capital de El Fasher tras un prolongado asedio que derivó en desabastecimiento y acciones violentas contra la población civil. Varios testimonios de residentes locales recabados por los investigadores señalaron la permanencia de uniformados extranjeros con características físicas correspondientes a los contratistas colombianos en los perímetros donde se ejecutaron los ataques.

Los reportes de los testigos presenciales indicaron que este grupo de combatientes extranjeros presenció de forma pasiva las ejecuciones de civiles desarmados y personas con discapacidad por parte de las milicias sudanesas sin intervenir en los hechos. El soporte documental recopilado por la organización incluyó formularios de empleo firmados por los ciudadanos colombianos, contratos de confidencialidad y registros corporativos que ligan a la empresa contratante con altos estamentos gubernamentales emiratíes.

Recomendaciones de Human Rights Watch

Ante la gravedad de los hallazgos descritos en el informe, Human Rights Watch publicó una lista de recomendaciones específicas dirigidas a las autoridades del gobierno de Colombia para limitar esta práctica transnacional. La primera recomendación insta al poder legislativo y ejecutivo a adoptar medidas normativas orientadas a tipificar y sancionar penalmente el reclutamiento de ciudadanos del país como mercenarios en el extranjero, alineando la legislación interna con los tratados internacionales.

Asimismo, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos judiciales competentes iniciar las investigaciones penales correspondientes para determinar la responsabilidad de los nacionales involucrados en los hechos. Este proceso busca esclarecer el grado de complicidad o participación de los colombianos en las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra documentados en el territorio africano.

El documento exhortó al Ministerio de Defensa de Colombia a robustecer los planes de atención ejecutados por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva antes y después del retiro del servicio activo. La estrategia institucional debe enfocarse en proveer formación técnica, alternativas de empleo formal, soporte en salud mental y acceso a créditos para mitigar la vulnerabilidad económica que propicia la aceptación de ofertas de seguridad privada en zonas de conflicto.