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Colprensa Lunes, 2 de marzo de 2015

Casi al tiempo un joven acusado de asesinar a una estudiante de aviación en Bogotá, resultara ser un vigilante.

Por ello, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada prendió las alarmas sobre el modo en que operan las empresas del sector. Esta entidad, adscrita al Ministerio de Defensa, debe inspeccionar y controlar todos los servicios de vigilancia que existen en el país.

En entrevista el superintendente, Carlos Manuel Peña, habló  de  la realidad de la seguridad privada en el país.

La semana pasada en Buga, un vigilante no estaba armado y perdió la vida en un intento de atraco ¿por qué no tenía la dotación? ¿Cuál es el rol de la Superintendencia?
Ese caso es de revisión, porque hay que encontrar si en realidad el vigilante no tenía un arma, además de descubrir si se cumplieron el protocolo que existe cuando las empresas solicitan armas. Iniciamos un proceso investigativo contra la empresa privada para determinar qué provocó la muerte, porque si el vigilante atacó con sus propios mecanismos, sería una acción que nosotros rechazamos. Los vigilantes no son una fuerza de choque, habría incumplido.

¿Cuánta gente está vinculada a los servicios de vigilancia del país?
Contamos con 270.000 hombres contra 183.000 hombres de la Policía y 243.000 que tiene el Ejército.

¿Qué  sanción se llevan los edificios que no cumplan con los protocolos de verificación?
Una sanción de hasta cien salarios mínimos, que se le aplica al conjunto como propiedad horizontal, pudiendo, si hay lugar, embargar las cuentas del conjunto.

¿Qué se están haciendo para combatir esta piratería?
La Fiscalía General de la Nación nos está colaborando para judicializar a los representantes legales de estas empresas, que pueden estar cometiendo delitos en el modo de contrato del servicio.

¿Cuáles son los delitos que más reportados?
El hurto a residencias y el microtráfico.  El año pasado gracias a la seguridad privada fueron capturadas  cerca de 804 personas, se recuperaron 97 vehículos hurtados y mercancías por un valor superior a los $960 millones.

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