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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co viernes, 11 de septiembre de 2020

A raíz de lo sucedido en la capital, crece el consenso de la necesidad de adoptar medidas para evitar abuso de autoridad

La muerte de Javier Ordóñez a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de dos agentes de la Policía Nacional volvió a poner sobre la mesa un debate que, si bien no es nuevo, tomó otra vez vigencia: el de la necesidad de reformar la fuerza pública para evitar que sus integrantes cometan abusos contra la población civil.

Una de las primeras en plantear la discusión fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien señaló que “debe atenderse el tema estructural de falta de prevención y sanción a los recurrentes casos de abuso policial” y propuso cuatro acciones inmediatas para la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog): solicitar a la Procuraduría asumir poder preferente de los 137 casos de abuso policial que hay en este momento (ver gráfico); revisar el protocolo para armas no letales y reentrenamiento; reformar la oficina disciplinaria de Mebog; y presentar, de la mano con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, un proyecto de ley para la reestructuración interna de la Policía.

El procurador general Fernando Carrillo, en efecto, ejerció poder preferente en la investigación de los hechos y señaló también que “deben repensarse los protocolos de actuación y formación en derechos humanos de la Policía y adecuarlos a los nuevos tiempos para evitar la brutalidad policial”, al tiempo que resaltó que “la Justicia Penal Militar no puede ser el pasaporte a la impunidad en casos de brutalidad policial”.

Este último punto es uno de los más álgidos en el debate, pues para implementarlo se requeriría una reforma constitucional. En ese sentido, si bien la necesidad de tal reforma sigue sobre la mesa, las propuestas en este momento apuntan más a cambios preventivos y que regulen el uso de la fuerza, especialmente, en cuando tiene que ver con el uso de armas no letales.

Una de esas propuestas es la del representante a la Cámara por el Partido Verde Inti Asprilla, quien presentó ante la ciudadanía un proyecto de ley que todavía no ha sido radicado en el Congreso. El documento incluye, entre otras, medidas como el uso de medios preventivos y disuasivos antes de recurrir a la fuerza; una reforma al régimen disciplinario de la Policía; y la obligatoriedad de una cátedra sobre el uso de la fuerza y sus implicaciones.

Sobre este último punto, Juan Carlos Esguerra, exministro de Defensa, hizo énfasis en que lo fundamental es la respetabilidad de la fuerza pública, que depende de cómo ejercen su autoridad y, por ende, cómo aplican el uso de la fuerza en nombre del Estado. Insistiendo en la necesidad de una profesionalización, señaló que “hay que adoptar correctivos que deben incluir la revisión de los procesos de formación de los policías, qué educación están recibiendo para el uso de los instrumentos que tienen a su disposición y en derechos humanos”.

Sobre otro de los puntos que han surgido en el debate, relacionado con el paso de la Policía de MinDefensa al Ministerio del Interior, Esguerra señaló que “esa discusión está desde la Constituyente. En ese momento, prevaleció la idea de dejarla adscrita a MinDefensa para evitar la politización del cuerpo, y creo que así debe mantenerse”.

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