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José David Castilla viernes, 5 de abril de 2019

El congresista Álvaro Hernán Prada, investigado por estructurar un cartel de testimonios falsos, le pidió a la Corte Suprema de Justicia decretar la nulidad de las interceptaciones telefónicas que fueron utilizadas como pruebas en el proceso que se adelanta en su contra.

Según la defensa técnica de Prada, las autoridades emitieron una orden judicial para intervenir su número telefónico desde el 23 de febrero de 2018. Sin embargo, denuncia la defensa que nunca se aclaró de quién era el número a interceptar. Bajo esta situación alegaron que se vulneró la ley, razón por la cual pidieron apartar las pruebas del proceso.

La solicitud de Prada fue realizada ante la magistrada Cristina Lombana, sobre quien pesa una solicitud de recusación del senador Iván Cepeda. Esta jugada jurídica se constituyó porque Lombana trabajó en la oficina del abogado defensor de Álvaro Uribe, Jaime Granados. Adicionalmente, fue oficial de las Fuerzas Militares durante la presidencia uribista.

Según la solicitud del senador, esta situación nublaría su imparcialidad a la hora de tomar una decisión contra Uribe y Prada.

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