La Andi denuncia de manera conjunta a Petro ante la OEA por presunta intervención electoral

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, MÁS País y la Fundación para el Estado de Derecho radicaron una denuncia formal ante la Misión de Observación Electoral de la OEA, según el documento, debido a la presunta violación a los principios de neutralidad del Estado y equidad en la contienda por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, durante el proceso electoral de 2026.

En la denuncia, las organizaciones argumentan que existe una conducta reiterada y sistemática del jefe del Estado colombiano consistente en emitir pronunciamientos de carácter electoral, "entrometiéndose en discusiones que competen únicamente a las autoridades del sector" y de esta manera inclinando la balanza en favor de su proyecto político, según afirma la denuncia.

El documento enfatiza que el presidente desobedeció dos fallos judiciales clave emitidos poco antes de los comicios celebrados el 31 de mayo. El texto cita una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le ordenaba al mandatario rectificar y abstenerse de denunciar fraudes sin pruebas, y además, una sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado que le prohibió difundir propaganda electoral.

El documento afirma que entre el 26 de mayo y el 2 de junio de 2026, el presidente usó sus canales para descalificar al candidato Abelardo De La Espriella, desconocer públicamente la validez del preconteo de votos y llamar a la ciudadanía a movilizar tres millones de sufragios en favor de la coalición afín al gobierno actual.

De manera textual, el documento le solicita a la Misión Internacional de Observación adoptar nueve medidas antes y durante la segunda vuelta de elecciones presidenciales el proximo 21 de junio:

1. Se solicita escalar la respuesta institucional, por medio de un pronunciamiento público y urgente sobre la conducta del presidente de la República antes del 21 de junio de 2026, adicional a las recomendaciones del informe previo.
2. Se pide reforzar la presencia de la Misión de Observación Electoral para la segunda vuelta, esto como un medio para asegurar acompañamiento activo durante la campaña, la jornada de votación, el escrutinio, las impugnaciones y la proclamación de los resultados.
3. Pronunciarse expresamente sobre el desacato del presidente a las órdenes judiciales vigentes en materia de propaganda y ataques a la organización electoral, donde la denuncia solicita "calificar esa
   conducta como factor de riesgo autónomo para la integridad de la segunda vuelta presidencial".
4. Se le solicita a la MOE emitir un pronunciamiento preventivo que recuerde a todos los actores políticos, especialmente al Poder Ejecutivo, la obligación de respetar la neutralidad del Estado durante el ejercicio electoral.
5. Se solicita a la Misión de Observación documentar detalladamente en su informe final el uso de los canales institucionales, redes sociales y participación en internet para establecer si este uso rompió la igualdad de condiciones entre las candidaturas.
6. La denuncia pide que la MOE solicite al Estado colombiano información sobre las medidas de la Procuraduría General de la Nación para vigilar el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado, esto para subsanar la falta de información sobre el trámite de estas alertas.
7. Asignar un punto focal específico para recibir denuncias, pruebas y alertas, de forma continua, sobre la participación en política de servidores públicos y presiones contra las autoridades electorales en el periodo preelectoral previo a la segunda vuelta presidencial.
8. El documento le pide a la MOE que exija garantías expresas al Estado colombiano para que el organismo mantenga un acceso oportuno, libre y sin restricciones a las autoridades, campañas, medios de comunicación, auditores tecnológicos y sociedad civil.
9. Propiciar el reconocimiento institucional de los resultados del escrutinio y la proclamación definitiva por parte de todos los sectores políticos en el país.

La denuncia hizo especial hincapié en el aprovechamiento del aparato comunicacional del Estado, señalando que canales públicos como Señal Colombia y Radio Nacional, junto con cuentas institucionales como en redes sociales, duplicaron la publicidad estatal y emitieron coberturas desproporcionadas para favorecer la campaña del Pacto Histórico.

Los firmantes resaltan que, contrario a la controversia hacia los resultados por parte del jefe de Estado, misiones como las de la Unión Europea y el Centro Carter certificaron la total transparencia, trazabilidad y confiabilidad técnica del sistema colombiano. Por ende, sustentan que las acciones presidenciales violan la Constitución Nacional y la Carta Democrática Interamericana.