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lunes, 6 de septiembre de 2021

La empresa postal asegura que el caso de presunta colusión se mantiene en investigación, argumento que respaldó también la SIC

El fin de semana pasado se conoció una denuncia interpuesta por el político Germán Vargas Lleras en contra de la empresa vinculada al Ministerio de las TIC, 4-72. En esta, Vargas aseguraba que hubo una presunta colusión para unas licitaciones que se abrieron este año por la empresa postal. Esta colusión de la que habla el ex vicepresidente tiene que ver con unas compañías de transporte que, en su momento, habían sido penalizadas por irregularidades con sus contratos.

No obstante, ante la denuncia la empresa respondió y aseguró que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio desde el pasado 6 de abril y que las gestiones han sido objeto de seguimiento, a través de Servicios Postales Nacionales de Colombia (4-72), colaborando con la SIC para el avance de las mismas. Así mismo, "se realizó reunión con el señor superintendente por solicitud de 4-72, gracias a las gestiones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones", asegura la empresa en un comunicado.

Además, destacó que dentro del desarrollo de los anteriores procesos, 4 - 72 determinó parámetros para evitar la concentración y/o control de la operación, por lo que no permitió la adjudicación de más de dos regionales a un mismo proponente dentro de los procesos desarrollados.

También aseguran que en el contrato se incluyó un formato adicional para diligenciamiento por parte de los oferentes, en el que bajo gravedad de juramento, manifiestan no tener ningún tipo de interés y beneficio en más de dos ofertas distintas a las que fueron presentadas por ellas.

Las respuestas no solo se conocieron por parte de la empresa postal, pues la Superintendencia también se refirió al tema y, por medio de un comunicado, aseguró que la denuncia fue interpuesta por el presidente y directora de Contratación de 4-72, quienes fueron remitidos a la SIC por el director del Dapre.

"La información fue recibida por el Grupo de Prácticas Restrictivas de la Competencia, quien lo trasladó al Grupo Élite contra Colusiones el 9 de abril de 2021. Después de recibida la información por este Grupo se pudo identificar que, sobre el proceso contractual objeto de denuncia las actuaciones en principio no correspondían con una colusión u otra conducta donde se restrinja la libre competencia", asegura la SIC en su comunicado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la SIC afirma que la denuncia sí fue presentada y que aunque la investigación sigue en curso, se ha podido esclarecer que existe una relación entre Macroservicios Express de Colombia, Transportes Occidental y Megatransportes L Y A Nacional, las cuales, según el material otorgado por 4-72, no compitieron en los mismos grupos de los tres procesos de contratación denunciados por 4-72. Además, afirman que tampoco hay una relación entre las tres empresas y Transportes especializados del Norte, el cual sí se presentó compitiendo en uno de los tres procesos de selección.

La información de la SIC concluyó que, "es pertinente reiterar que el caso 4-72 llegó a la SIC por la gestión del Dapre y la queja de la Veeduría Ciudadana Control Público y Social, lo que motivó a 4-72 a presentar su denuncia".

Sin embargo, Vargas reiteró que las licitaciones que se presentaron fueron para los contratos de transporte para las ocho regionales de la empresa y una adicional para la ruta nacional. Ahí lo que llamó la atención fue que la firma postal adjudicó cinco de estos contratos; uno mediante licitación y cuatro más con invitación abreviada a las empresas que se presume están en colusión o cartel.

Las compañías beneficiadas en estos procesos fueron: Macroservicios Express, Megatransportes, Transportes Occidental, Transportes especializados del norte, E cargo, Serfletar y Camarca. A simple vista se podría decir que son empresas independientes, sin embargo, tienen varios hallazgos que, según el político, demuestran irregularidades.

En primer lugar, la empresa Macroservicios Express, cuyo representante es Delio Arturo Henao, quien era el contratista de la regional de occidente en 2017, tuvo una auditoria en la que se encontraron 13 hallazgos relacionados con presuntas irregularidades de sobrefacturaciones de servicios, las cuales fueron denunciadas penalmente y concluyó en parar los pagos a dicha empresa.

No obstante, la compañía cuatro años después vuelve a aparecer en los papeles del Ministerio, ahora con otro contrato. Además, la denuncia cita que, al parecer, Arturo Henao pudo haber influido en cuatro, o incluso en cinco de los contratos adjudicados.

El ex vicepresidente también hace otras relevaciones en las que afirma que los mismos vehículos con las mismas placas se ofertaran en Transportes Occidental y Macroservicios y que Macroservicios y Megatransportes se constituyeron el mismo día en la Cámara de Comercio de Tuluá.

Otro de los argumentos que da Vargas Lleras tiene que ver con lazos cercanos a Arturo Henao, pues revela que el documento de cierre del proceso para Megatransportes lo suscribió María Teresa Henao Sierra, hermana de Arturo Henao, aún cuando el 100 % de las acciones figuran a nombre de Rubén Darío Marín.

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