El conjuez Pablo Márquez pide tiempo y más documentos para decidir sobre la pensional

El conjuez Pablo Márquez, quien tiene la responsabilidad histórica de romper el empate técnico en la Corte Constitucional, ha solicitado formalmente un margen de maniobra adicional. Su petición no es solo de tiempo, sino de rigor documental, al exigir acceso total a las piezas procesales que han mantenido en vilo la Ley 2381 de 2024.

Esta solicitud surge tras el complejo panorama dejado por el Auto A-841 de 2025, la providencia que congeló la vigencia de la reforma. Márquez busca desentrañar los matices jurídicos de sus colegas, solicitando específicamente las aclaraciones de voto del presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, y del exmagistrado José Fernando Reyes. El objetivo es claro: entender las grietas y certezas que llevaron al tribunal a una parálisis de 4-4.

Para el conjuez, no basta con leer la decisión mayoritaria; es vital comprender las disidencias y matices que los magistrados plasmaron en sus aclaraciones.

En su comunicación a la Secretaría General, Márquez enfatizó la necesidad de acceder a estos documentos o, en su defecto, a los enlaces públicos de consulta. Este nivel de detalle sugiere que su voto no será una simple adhesión, sino un análisis profundo de la arquitectura constitucional de la ley.

Además, el interés del conjuez se extiende a la participación ciudadana. Márquez ha pedido un reporte actualizado sobre las solicitudes de aclaración presentadas por particulares contra el auto de suspensión. Esta mirada a las inquietudes de la sociedad civil y de los demandantes, entre ellos la senadora Paloma Valencia, indica que el proceso de desempate tendrá en cuenta tanto el rigor técnico como el impacto social de la medida.

El aspecto más relevante de su petición es la solicitud de cinco días adicionales de plazo. Márquez ha solicitado que este reloj empiece a contar solo una vez que tenga todos los documentos en su escritorio. Este tiempo extra es visto por analistas como un "respiro necesario" para evitar decisiones apresuradas en un expediente que podría redefinir el sistema de ahorro para la vejez en el país y las facultades del Congreso para corregir sus propios errores.

La labor de Márquez es la de un árbitro en una final institucional. De su decisión dependen tres escenarios posibles: que la reforma supere el examen y recupere su vigencia, que se hunda definitivamente por vicios de trámite insubsanables, o que regrese al Congreso para una nueva cirugía legislativa. Cualquiera de estos caminos marcará un precedente sobre cómo se deben tramitar leyes de tal magnitud en el futuro.

La espera mantiene la tensión política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras el conjuez estudia los folios, el país permanece en una incertidumbre jurídica que afecta desde los fondos de pensiones hasta las expectativas de millones de cotizantes. La decisión final no solo destrabará un expediente, sino que dictará la sentencia definitiva sobre una de las banderas más ambiciosas del actual gobierno.