Estas son las nuevas tarifas y requisitos legales para adquirir armas de defensa personal

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Indumil ajustó los precios en su portafolio de armas destinadas a defensa personal

La Industria Militar de Colombia, Indumil, formalizó un ajuste en los precios de su portafolio de armas destinadas a la defensa personal, medida que entró en vigencia el pasado lunes 2 de marzo de 2026, respondiendo a un análisis de su estructura de costos, el aprovechamiento de economías de escala y la experiencia productiva acumulada por la institución.

La entidad anunció una significativa reducción en los precios de su portafolio de armas de defensa personal, con descuentos que alcanzan 50% en referencias seleccionadas. Esta actualización posiciona modelos de fabricación nacional como la pistola Córdova estándar en un valor de $5,4 millones, $5.471.400, frente a los más de $8 millones que costaba anteriormente. Referencias importadas de marcas como Glock y Smith & Wesson también registran bajas de hasta $6 millones en su precio comercial.

La nueva estructura de precios para 2026 abarca las principales categorías del catálogo institucional con reducciones significativas en modelos nacionales e importados. En la línea de pistolas colombianas, la referencia Córdova estándar pasó de $8.063.748 a $5.471.400, mientras que la versión compacta se fijó en $5.525.520. Respecto a las opciones extranjeras, la Smith & Wesson M&P9 registró un precio de 5.402.760 pesos y la Glock 19 se estableció en $6.535.320, lo que representa una disminución superior a los $6 millones frente a su tarifa anterior, sumándose a la CZ P-07 que bajó a $5.474.400.

En cuanto a los revólveres de fabricación propia, el modelo Cassidy de 3 pulgadas se sitúa en $4.650.448, el Scorpio de 2 pulgadas en $4.458.300 y el Martial de 4 pulgadas en $4.674.680. Finalmente, en la categoría de escopetas, la referencia Indumil de seguridad de un tiro tiene un costo de $4.835.140, reflejando ajustes proporcionales en los modelos de repetición y alta capacidad.

Sobre este nuevo escenario, el abogado Diego Botero Murillo, especialista en derecho administrativo y máster en seguridad y defensa nacional, advierte que adquirir un arma de fuego legal en Colombia en 2026 implica un desembolso que trasciende el valor del activo. Según el experto, tras la actualización de precios, la "canasta básica" se ha reconfigurado, reduciendo el peso del arma pero manteniendo una carga administrativa indexada al Smmlv de $1.750.905.

Botero Murillo además explica que a estos valores se deben sumar costos adicionales como el Certificado de Aptitud Psicofísica, que se estima entre $150.000 y $200.000, los trámites ante el Dccae, que rondan los $55.000, el permiso de tenencia o porte por aproximadamente $820.000, el curso de manejo de armas de $350.000 y el seguro de responsabilidad civil, que oscila entre $200.000 y $450.000 anuales. Así, el costo total de la "canasta básica" para una pistola nacional es de aproximadamente $7.096.400 y para un revólver de $6.425.000.

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Este proceso se realizó bajo la coordinación del Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares. La empresa estatal precisó que la modificación en los valores comerciales no altera los requisitos legales de acceso ni las restricciones vigentes sobre el porte de armas en el territorio nacional.

El control y la autorización de estos elementos permanecen bajo la estricta supervisión del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, Dccae. Asimismo, la institución reiteró que la venta se realiza exclusivamente a través de sus 10 almacenes oficiales, sin permitir la intervención de intermediarios o gestores externos.

En el ámbito operativo, Indumil fundamentó la decisión en la necesidad de mantener su estabilidad financiera y operativa, garantizando la continuidad de más de 1.400 empleos directos. La organización cuenta actualmente con tres plantas industriales y participa en proyectos estratégicos de los sectores minero, energético y de infraestructura. Según los reportes institucionales, la entidad conserva indicadores de sostenibilidad y flujos de caja positivos pese a las dinámicas regulatorias del mercado.

Proceso de adquisición

Para los ciudadanos interesados en la adquisición, el procedimiento requiere el registro obligatorio en el Sistema de Información de Armas, Explosivos y Municiones, Siaem 2.0. Los solicitantes deben presentar documentación que incluya certificados de aptitud psicofísica expedidos por Sanidad Militar, comprobantes de ingresos, antecedentes judiciales y la acreditación de un curso de manejo de armas.

Además, deben demostrar una necesidad real y proporcional para el uso del arma, adjuntando pruebas de su actividad económica, laboral o de seguridad personal que justifiquen la solicitud ante la autoridad militar. La normativa establece que la autorización final es una potestad discrecional de la autoridad militar competente tras evaluar la justificación de necesidad de cada caso.

El cumplimiento de los requisitos técnicos es indispensable para avanzar en las etapas de validación. Todo aspirante debe presentar un certificado médico de aptitud psicofísica expedido por centros autorizados por la Dirección General de Sanidad Militar, además de acreditar un curso de manejo de armas o la libreta militar de primera clase.

Una vez cargada la documentación y verificados los antecedentes judiciales, el sistema habilita el agendamiento de una cita presencial para el enrolamiento biométrico y la entrevista con la autoridad competente.

Juan Francisco Navarrete, abogado penalista y procesalista, explica con base al artículo 365 del Código Penal colombiano, se pueden sancionar los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego sin permiso de autoridad competente: "Esta conducta se practica cuando el arma se porta sin que exista una autorización válida para hacerlo en ese momento", afirmó.

"Si una persona es sorprendida portando un arma de fuego en espacio público durante la vigencia de una suspensión general del porte, el hecho puede dar lugar a responsabilidad penal, aun cuando el arma esté legalmente registrada. Las penas previstas para este delito oscilan, en términos generales, entre 9 y 12 años de prisión, dependiendo de las circunstancias específicas del caso y de eventuales agravantes", explicó Navarrete.

El protocolo de adquisición también contempla requisitos específicos para personas jurídicas, coleccionistas y deportistas. En el caso de las empresas de seguridad privada, se exige un estudio de necesidad y la validación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Para los civiles, se mantiene la restricción general para menores de 25 años, con excepciones reguladas para miembros activos de la Fuerza Pública bajo condiciones de grado y tiempo de servicio específicos.