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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co sábado, 24 de noviembre de 2012

Para los analistas, aunque se esté hablando de una ‘demanda por interpretación’ ante La Haya, por la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, ya no le cabe ninguna demanda por parte de los países.

Existen dos mecanismos que el gobierno colombiano puede agotar y es la solicitud de interpretación y de revisión de fallo.

De acuerdo con Juan Ramón Martínez, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, a Colombia no le queda un recurso distinto al de interpretación y revisión que indiscutiblemente no cambiará el fallo.

“Ante la CIJ no cabe ningún recurso distinto al de revisión, no se puede demandar una sentencia, lo que se puede hacer, es solicitar una aclaración con respecto a los aspectos que no estén claros y que requieren desarrollo adicional, pero no va a existir ninguna modificación con respecto a lo que fue establecido en la decisión de la Corte”, aclaró.

Así mismo, explicó que en cuanto a la solicitud de revisión, debe ajustarse a las pruebas que no fueron aportadas en su momento y que pueden complementar la decisión de la Corte, “este recurso puede complementar la decisión pero no va a modificar lo establecido”, agregó.

Para Carlos Enrique Arévalo, profesor de derecho internacional de la Universidad de la Sabana, estos recursos serían parte de un proceso porque ya la demanda fue instaurada en el 2001.

En cuanto a la revisión, dijo que “se tendrían que demostrar nuevos hechos que obligan a que se complemente la decisión y existe un plazo mínimo de seis meses desde que se da el nuevo hecho y máximo de 10 años después de la sentencia”, añadió.

Al respecto, Ricardo Abello Galvis, expresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, aseguró que la interpretación se solicita para que se aclare cómo se va a ejecutar el cumplimiento del fallo, pero no porque se considere que la Corte se equivocó.

“Tarde o temprano tenemos que pedir la aclaración del fallo sobre todo si llegamos a tener dificultades en el ejercicio de la soberanía, pero por lo pronto, podemos preguntar lo que sea sobre la interpretación y la Corte nos va a decir que todo está claro”, enfatizó.

De otro lado, Nicaragua ha manifestado que si Colombia no acata el fallo, acudirá a las instancias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Así lo afirmó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Ramos, quien dijo que si el gobierno colombiano no cumple con el fallo, acudirán al Consejo de Seguridad de la ONU. Así mismo, dijo que no entendía el por qué de la reacción de Colombia, si se suponía que este fallo era el que estaba esperando.

Al respecto, Arévalo aclaro que en realidad no es cierto que Nicaragua esté facultada para llegar directamente al Consejo de Seguridad, “el artículo 50 del pacto Bogotá, del cual hacen parte las dos naciones, establece que antes de llegar a dicho organismo frente al incumplimiento del fallo, se tiene que convocar a una reunión de ministros de relaciones exteriores y luego si acudir al Consejo de Seguridad”, explicó.

Al respecto, Bernardo Vela, especialista en derecho internacional de la Universidad Externado de Colombia, dijo que “no quiero pensar en las consecuencias que podría traer esta posibilidad, Nicaragua puede solicitar al Consejo de Seguridad para que vele por el cumplimiento del fallo, ¿le conviene a Colombia exponerse tanto?.

Entre tanto, ayer se realizó en San Andrés una marcha en contra de la decisión y los manifestantes caminarán vestidos de negro para demostrar su descontento.

El expresidente Avaro Uribe, viajó para acompañar a los ciudadanos. “Yo voy a defender en toda la patria la tesis del rechazo, a explicar razones y a hablar con la ciudadanía”, expresó.

Además, explicó que no denunció el Pacto de Bogotá que obliga al cumplimiento de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, porque “habría sido jurídicamente ineficaz”.

“Para haber evitado que con el Pacto de Bogotá, la Corte Internacional asumiera el conocimiento de la demanda de Nicaragua, hubiera sido necesario denunciarlo por allá en el año 2000. De haberlo denunciado en nuestro Gobierno que empezó en el 2002 habría sido jurídicamente ineficaz”, dijo.

Así lo confirmó Abello, quien aseguró que se habría tenido que denunciar el pacto entre el 4 y el 5 de diciembre del año 2000.

Otro hecho que preocupa al gobierno colombiano es el interés que ha manifestado la petrolera venezolana, Pdvsa, de explorar yacimientos petroleros en la zona que Nicaragua obtuvo en la disputa marítima en la Corte Internacional de Justicia.

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