La suspensión sobre la circular se debió por los supuestos excesos que cometió la Superintendencia al imponer prácticas que deben ser reglamentadas por la Ley.
Motivo por el cuál se suspendieron las instrucciones segunda, cuarta y décima primera, dadas por la entidad.
De acuerdo con el fallo “en estos eventos, dada la manifiesta falta de competencia de la Superintendencia para desplegar su facultad normativa sin una cobertura legal o constitucional apropiada, la pretensión anulatoria de la demanda se encuentra plenamente soportada”.
Sin embargo, se mantuvieron otros numerales que dejan en claro que las entidades están en la obligación de prestar el servicio de interrupción voluntaria de embarazo.
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