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Esteban Guerra - hguerra@larepublica.com.co Jueves, 22 de agosto de 2013

Un presunto acuerdo de fijación de precios y el reparto de mercados entre productores de cemento gris en Colombia está en el ojo del huracán. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió abrir pliego de cargos en contra de cinco cementeras y 14 personas naturales por participar en estos ‘pactos del cemento’.

Las compañías que tendrán que responder ante la Superintendencia son: Cementos Argos S.A., Cemex Colombia S.A., Holcim Colombia S.A., Cementos Tequendama S.A.S., y Cementos San Marcos S.A.
 
Según informó el órgano de control, estos dos factores hicieron que hubiera “incrementos sostenidos e injustificados en los precios del cemento gris desde enero de 2010, fecha a partir de la cual la SIC monitoreó el mercado y recaudó información y pruebas sobre este segmento de la economía”.
 
Se debe mencionar que esta no es la primera vez que se abre una investigación por estos mismos hechos. En 2006, la SIC había elevado pliego de cargos a cementeras por la fijación de los precios, proceso que terminó dándole la razón al ente de control.
 
Lo cierto es que el superintendente delegado para la Protección de la Competencia de la SIC abrió ayer la investigación de manera formal y formuló pliego de cargos a cinco de las empresas cementeras del país.
 
Así mismo, la SIC abrió un proceso en contra de operarios de Argos. Entre ellos se destacan los nombres de José Alberto Vélez Cadavid, expresidente y exrepresentante legal de la compañía; Jorge Mario Velásquez Jaramillo, presidente y representante legal; Ingrid Restrepo Libreros, gerente de negocio masivo, y  Adriana María Rodríguez, directora de información comercial. 
 
Por Cemex Colombia, la Superindustria investigará a César Constain van Reck, expresidente y exrepresentante legal, y a Carlos Jacks Chavarría, quien cumplió sus funciones en ese mismo cargo.
 
Holcim también está dentro de las implicadas y Moisés Pérez Younes, expresidente ejecutivo y exrepresentante legal; Miguel Ángel Ruvalcaba, presidente ejecutivo y representante legal; Jaime Hill Tinoco, director comercial y representante legal suplente, y Gabriel Gutiérrez Rubio, gerente de abastecimiento, deberán colaborar con la investigación.
 
De prosperar el proceso y que la SIC detecte que las empresas sí incumplieron, “la Superintendencia, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas a quienes infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia hasta por 100.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (Smlmv), es decir, hasta $58.950 millones; y a las personas naturales que colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas violatorias de las normas de la libre competencia, hasta 2.000 Smlmv, es decir, $1.179 millones. 
 
Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta de ninguna de las compañías implicadas en el proceso.
 
La segunda vez en el año
 
Esta es la segunda vez en el año en la que la Superindustria abre una investigación de este tipo. En febrero, la entidad  anunció una indagación por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en el mercado del azúcar en las que estarían involucradas 18 personas naturales, que se suman a los 12 ingenios que venían siendo investigados. 
 
La indagación contempla el análisis de un supuesto cartel entre los ingenios azucareros que operan en el Valle del Cauca y norte del Cauca, con el fin de bloquear la entrada de azúcar proveniente del exterior y aumentar el precio en el mercado interno
 
Ese proceso entregará sus resultados en este semestre y se espera que haya multas del orden de $60.000 millones para cada Ingenio investigado.
 
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