• Colprensa

lunes, 18 de marzo de 2013

Jorge Eduardo Rojas Pinzón, jefe de la Unidad de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, responde por la integridad de 1.600 personas, que hacen las veces de testigos en procesos en curso o son familiares de alguno de ellos.

De entrada, se declara orgulloso de que el programa de la Fiscalía sea el tercero más antiguo del mundo (después de los de Italia y Estados Unidos), lo que le da una experiencia importante.

Pero también es consciente de la mala imagen proyectada por los casos llamados como de los ‘falsos testigos’, especialmente los que actuaron en el mediático caso por la muerte de Luis Colmenares.

Ante esas irregularidades explica que ya se produjo la expulsión de cada uno del programa, pues “cualquier incumplimiento de los acuerdos es causal del retiro del testigo y de su familia”.

¿Cuál es la Finalidad de la Unidad de Protección de la Fiscalía?
La oficina se encarga de brindarles protección a las personas que de alguna manera colaboran con la justicia como testigos.

La solicitud de incluirlos debe venir directamente de los fiscales y de los jueces que llevan los casos; además brindamos protección por solicitudes de la Corte Suprema de Justicia.

¿Hace cuánto se creó la dependencia?
El programa de protección de la Fiscalía es de los tres más antiguos del mundo, en primer lugar está el italiano, le sigue el de Estados Unidos y luego el de Colombia. Fue creado al mismo tiempo que nació la Fiscalía, porque se vio la necesidad de proteger a las personas que declaraban en contra de quienes cometían delitos. Actualmente, en la Fiscalía tenemos un proyecto para actualizarlo a fin de que no quede rezagado por los avances en la justicia.

¿Qué se tiene en cuenta para decidir si se brinda o no la protección solicitada?
Se hace un estudio de amenaza y riesgo, en 15 días hábiles, el cual dice si la persona es merecedora de esa protección, nadie es incorporado automáticamente.

Primero se entrevista al fiscal que solicita la protección, se considera la intervención de la persona en el proceso, porque se necesita que sea eficaz y dé resultados positivos dentro de un investigación.

Después se entrevista al testigo y se le explica qué es el programa.
Se busca, además, saber cuál es su entorno familiar, de dónde proviene el riesgo y luego el funcionario encargado de la evaluación emite el concepto.

¿Con qué cuenta el ciudadano protegido por la Unidad?
No solo se le protege a esa persona, sino a toda su familia. Tenemos unas tablas donde se fija una manutención mensual, además de la sede (lugar asignado para vivienda) que se entrega dotada con camas, nevera y estufa, entre otros elementos. Se les pagan los servicios público, la salud (seguro médico) y tramitamos ante colegios la educación de los niños.

¿Cuánto dinero le dan para la manutención a una persona protegida?
Una persona sola recibe un promedio de $380.000 y una familia por ejemplo de cuatro personas está recibiendo un $1,4 millones mensuales, que deben ser utilizados en alimentación.

¿Además del apoyo económico qué le aporta la Fiscalía?
Desde que la persona ingresa la reciben psicólogos y trabajadores sociales, que son los que le dan las pautas y le hacen un seguimiento para que tengan esa posibilidad de ir superando el desarraigo.

Usted dice que se protege, además del testigo, a la familia. ¿Cuántas personas tienen el beneficio en este momento en el país?
Tenemos 415 casos de protegidos, con sus familias son alrededor de 1.600 personas.

¿De dónde provienen los recursos con los que sostienen a los vinculados al sistema?
Los recursos salen del presupuesto fijado a la Fiscalía General de la Nación y específicamente al programa de Protección a Víctimas y Testigos. La cuantificación de los recursos es mensual y es muy relativa. En este momento tenemos 500 sedes en todo el país.

¿Qué es lo primero que se hace una vez se decide vincular al programa a una persona?
Una de las condiciones primordiales es que exista el consentimiento de la persona en aceptar las normas del programa. En segundo lugar es que salgan de la zona de peligro, llevarlo a otro lugar.

¿Quién se encarga de la seguridad de ese protegido?
Son funcionarios específicos que tienen contacto con los protegidos, es la persona que existe de enlace entre el protegido y el programa de protección, esa persona hace visitas y controles diarios, para ver si se les presenta alguna situación o requerimiento.

Los expulsados
Se ha conocido que algunas de las personas vinculadas aprovechan los beneficios y hacen uso indebido de ellos ¿De qué manera están controlando dichas situaciones?

El programa entrega la sede amoblada, cuando ingresan no tiene que traer nada, pero hay personas que sustraen los bienes y los venden o los empeñan, lo que se convierte en una causal para la exclusión. Además hay que formular el respectivo denuncio por hurto agravado, porque son bienes del Estado. En todo el país, tenemos más o menos 20 personas que han sido excluidas por hechos de este tipo.

¿Con qué entidades trabajan de la mano?
Con las gobernaciones y las alcaldías para guiarlos en las medidas complementarias que se están dando por la Ley de Víctimas.

Igualmente, con el Ministerio del Interior y con el de Justicia, así como con la embajada de EE.UU y otras en Europa.