Las sanciones de la Ley Contra el Ruido pueden llegar hasta los 16 salarios mínimos

¿Lo han despertado las serenatas o el típico audio diciendo “amigos y habitantes de este sector, hoy le venimos a ofrecer...”? Pues pensando en ello se publicó la Ley Contra el Ruido.

La Ley 2450 de 2025 fue presentada inicialmente por el Representante a la Cámara de Antioquia, Daniel Carvalho. Esta normativa busca enfrentar los problemas derivados del ruido y las vibraciones, garantizando la protección de la salud, el ambiente y la convivencia ciudadana.

“La ley establece la necesidad de realizar zonificaciones acústicas para clasificar los territorios según su capacidad de soportar ruido, facilitando así la regulación específica para cada área. Además, introduce la necesidad de obtener permisos para actividades que generen ruido significativo, como eventos, conciertos y obras de construcción”, dijo Juan Francisco Navarrete González, abogado en Navarrete Consultores.

Las violaciones a la Ley contra el Ruido pueden surgir por diversas razones. Entre las causas más comunes se encuentran la emisión de ruidos excesivos por parte de actividades industriales, comerciales o de servicios que superan los niveles permitidos, afectando la paz y la salud de las personas.

También se consideran las fuentes móviles de ruido, como vehículos con sistemas de escape alterados, perifoneo, tránsito aéreo, ferroviario o marítimo que contribuye a la contaminación acústica. Otras causas incluyen eventos y actividades culturales, como conciertos o festivales que no respetan los límites de ruido establecidos, así como las obras públicas que generan vibraciones y ruidos molestos. Además, el uso inadecuado del espacio público puede dar lugar a actividades que perturben la convivencia de todos.

La ley impone sanciones a quienes infrinjan las normas de calidad acústica. Según el Artículo 19, las multas se dividen en generales y especiales, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Las multas generales oscilan entre $2,8 millones y $22,7 millones, lo que significan entre dos y 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, mientras que las multas especiales, que se aplican a infracciones urbanísticas o de contaminación acústica, pueden variar entre $2,1 millones y $56,9 millones, dependiendo del caso.

“Uno de los aspectos más debatidos sobre esta ley es la posibilidad de desactivar temporalmente la fuente del ruido cuando el responsable se niegue a hacerlo. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-308 de 2019, ya había permitido esta intervención bajo ciertas condiciones, siempre que no implicara el ingreso a un domicilio sin orden judicial”, manifestó Alejandro Henao, abogado experto en asuntos públicos.