Algunos aspirantes a contralor exigen nulidad en elección por presuntas irregularidades
Ciertos participantes en la convocatoria pública advierten sobre la carencia de soportes presupuestales en el contrato universitario
11 de mayo de 2026
La Corte notificó al Congreso del fallo que ordena elegir un nuevo contralor general de la República
Al menos 35 participantes del proceso para elegir al nuevo Contralor General ha presentado reclamaciones formales ante la Universidad de Cartagena, entidad encargada de aplicar las pruebas técnicas. Los solicitantes cuestionan la transparencia del proceso y consideran la posibilidad de interponer acciones de nulidad y tutelas para detener la convocatoria.
Estas quejas se basan en presuntas irregularidades en la formulación de las preguntas y posibles vulneraciones al debido proceso administrativo durante las evaluaciones designadas.
El proceso para elegir al nuevo Contralor avanzó con la preselección de 20 aspirantes tras la valoración de hojas de vida y exámenes de conocimiento. En este listado se encuentran funcionarios de la Contraloría, la Personería de Bogotá y otros organismos públicos. Según el cronograma, una comisión del Congreso debe reducir esta lista a diez finalistas para que la elección definitiva se realice en las primeras sesiones de la nueva legislatura.
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Existen cuestionamientos sobre la celeridad con la que el Congreso contrató a la Universidad de Cartagena para este fin. Documentos internos del Senado indican que, al momento de emitir la resolución de selección, no se habrían validado completamente los soportes jurídicos y presupuestales de la institución educativa. Registros de la Dirección del Senado señalan intentos de verificar la documentación en horarios específicos sin obtener respuesta antes de formalizar el vínculo.
Los reclamantes sostienen que la falta de estudios previos y de Certificados de Disponibilidad Presupuestal derivó en cambios en el cronograma y deficiencias en la estructura técnica del examen. Entre los críticos se encuentran exviceministros y funcionarios de carrera de la Contraloría, quienes argumentan que la metodología de diseño y validación de la prueba carece de la objetividad necesaria para un cargo de esta relevancia constitucional.
Varios aspirantes señalan que el contenido de la evaluación no cumplió con los ejes temáticos establecidos en las resoluciones del Congreso, concentrándose mayoritariamente en conocimientos jurídicos y omitiendo áreas interdisciplinarias. Asimismo, denuncian que las condiciones de aplicación, como el uso de materiales de escritura borrables y la retención de las hojas de respuesta sin registros para el aspirante, impiden ejercer el control debido sobre los resultados.
La Universidad de Cartagena manifestó a través de su coordinación de contrato que las reclamaciones revisadas hasta el momento no son procedentes. Por su parte, la mesa directiva del Senado no ha emitido pronunciamientos oficiales adicionales sobre estas denuncias.
Los sectores inconformes han reiterado que acudirán a instancias judiciales para solicitar la nulidad del proceso de selección si no se resuelven las observaciones técnicas presentadas.
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