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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co jueves, 12 de noviembre de 2020

Cinco senadores citaron a un debate de control político en el Senado para que el Gobierno Nacional ofrezca explicaciones de este tema

Luego de que el diario El Espectador revelara que tuvo acceso a 24.000 audios que hacen parte del expediente de Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, se desató una controversia entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el exfiscal Néstor Humberto Martínez, que terminó en una citación de debate de control político.

A este, que ya fue aprobado por la Comisión Primera del Senado, están citados el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Además, están invitados el fiscal general, Francisco Barbosa, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, y el procurador Fernando Carrillo.

Como se desprende del cuestionario adjuntado en la proposición, los citantes esperan que los funcionarios mencionados ofrezcan respuestas sobre la participación de la DEA en el operativo que resultó en la captura de Santrich, de la participación de la Fiscalía en la operación de entrampamiento a la que se refirió El Espectador, y su existencia misma, y la no entrega de los audios en mención a la JEP.

Vale la pena anotar que, por la Ley 5 de 1992 que rige el funcionamiento del Congreso, ni la Fiscalía, ni la JEP ni la Procuraduría no son sujetos de ser citados a control. En ese sentido, los titulares de esas entidades no están en la obligación de asistir al debate, como sí sucede con los ministros y altos funcionarios del Ejecutivo.

El debate, cuya fecha todavía no ha sido establecida por la mesa directiva, fue citado por los senadores Gustavo Petro, Roy Barreras, Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Guillermo García Realpe.

Polémica por los audios

El pasado 15 de mayo de 2019, la JEP aplicó la garantía de no extradición a Santrich “porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización” y ordenó a la Fiscalía disponer su libertad inmediata. Ante ello, el entonces fiscal Martínez anunció su renuncia irrevocable al cargo, por considerar que tal decisión se trataba de un desafío a la Constitución.

En ese contexto, entonces, cobra relevancia la existencia de los 24.000 audios, pues el desconocimiento de estos por parte de la JEP en su momento derivó en la libertad del hoy prófugo de la justicia e integrante de la denominada “segunda marquetalia”, que agrupa a disidentes del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc.

Tras la publicación de El Espectador, el recién posesionado presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, señaló en una rueda de prensa que, en el trámite de la solicitud de garantía de no extradición de Santrich, “la Sección de Revisión hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin obtener suficientes elementos de prueba para tomar una decisión. Esos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria”.

Además, señaló que “el fiscal de la época allegó, de manera informal, una memoria USB sin número serial o de identificación, que contenía unos audios obtenidos dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández”.

El exfiscal Martínez, sin embargo, tiene otra versión de cómo sucedieron los hechos. Estableciendo una cronología, recordó que la JEP le solicitó el 19 de abril de 2018 los documentos relacionados con el trámite de extradición de Santrich, a lo que la entidad que él dirigía respondió, el 26 de abril del mismo año, que el proceso de extradición no había iniciado en cuando no había todavía una solicitud formal.

Martínez, además, indicó que “el 16 de mayo de 2018 la JEP inició un procedimiento de control judicial de la captura de Santrich, extralimitando sus funciones”, por lo que la Fiscalía acudió a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto de competencias.

El Alto Tribunal dirimió el conflicto en el Auto 401/18, en el que señaló que “la competencia para ordenar la captura con fines de extradición, y conocer de las controversias suscitadas en relación con la misma (...), corresponde al fiscal general”.

Además, dispuso que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz continuara conociendo de la solicitud de extradición “solo con el fin de evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”, por lo que ordenó al fiscal la remisión inmediata a la Sección de Revisión de la JEP del expediente relacionado con la solicitud de extradición de Santrich.

LOS CONTRASTES

  • Eduardo CifuentesPresidente de la JEP

    “La Sección de Revisión hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin de obtener suficientes elementos de prueba (...). Nunca fueron respondidos de manera satisfactoria”.

  • Néstor Humberto MartínezExfiscal general de la Nación

    “Los supuestos 24.000 audios no formaban parte de un supuesto expediente contra alias ‘Santrich’, como lo valida la JEP, sin ningún tipo de corroboración”.

Dirimido el conflicto por la Corte Constitucional, la Fiscalía envió a la JEP el expediente de extradición. Sin embargo el 12 de septiembre, recordó Cifuentes, “se ordenó requerir al fiscal general de la Nación para que de manera inmediata diera cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional (...) remitiendo el expediente completo del trámite de extradición de Hernández Solarte, incluyendo la documentación y el respaldo probatorio (audios y videos) que estuvieran en su poder”.

Tal requerimiento, señaló Martínez, excedió la orden de la Corte, pero “a pesar de lo anterior, con ánimo de colaboración, el 25 de septiembre de 2018 la Fiscalía procedió a compartir con la JEP pruebas del ente acusador que obraban en una investigación contra el ciudadano Marlon Marín, en la medida en que en las mismas había referencias al señor Santrich que le permitirían a la JEP establecer la fecha del delito”.

En ese sentido, explicó que la entidad compartió 12 audios de interceptaciones contra Marín “que contribuían a validar la declaración jurada en apoyo de la solicitud de extradición contra Santrich”, que ya había sido formalizada.

Cifuentes, sin embargo, cuestionó que se hubieran entregado solo 12 audios, y recordó que, en su momento, los medios de comunicación “exhibieron videos sin audio que, se entiende, fueron suministrados por la Fiscalía General de la Nación, en tanto tienen el rótulo de esa entidad. Esos videos no fueron allegados a la Sección de Revisión, bajo el argumento de que los expedientes de extradición no contienen pruebas, sino que estas las tiene el país requiriente”.

Sobre esto último, Martínez anotó que “el video que tanto se ha echado de menos por la JEP fue aportado a la Fiscalía de Colombia, en desarrollo de cooperación judicial, con posterioridad a mi renuncia, en mayo de 2019, luego mal podía aportarse a la JEP en 2018”.

A su vez, sobre la cantidad de audios allegados por la entidad que dirigía, precisó que en 2018 “los supuestos 24.000 audios no formaban parte de un supuesto expediente contra Santrich, como lo valida la JEP, sin ningún tipo de corroboración”. Además, agregó que la “Fiscalía abrió un expediente por narcotráfico contra Santrich en 2019. Por obvias razones, ese expediente no podía existir en 2018”.

Antecedentes

Para fines de contexto, cabe recordar que Marlon Marín, sobrino del jefe guerrillero Iván Márquez fue capturado en abril de 2018. No solo por su parentesco, sino también por su cercanía con Santrich. Marín ofreció información de primera mano a la DEA sobre sus actividades delincuenciales. Tal colaboración fue aceptada y, en abril de 2018, el capturado salió del país en un avión de la agencia norteamericana. Desde entonces, no sabe sabe nada sobre él.

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