viernes, 16 de noviembre de 2018
Procuraduría impulsó acción popular para garantizar un medioambiente sano
La Procuraduría impulsó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Quindío, solicitando que las autoridades departamentales garanticen el mantenimiento de un medioambiente sano en el municipio de Pijao. El órgano judicial y ordenó a autoridades nacionales y locales iniciar acciones inmediatas que garanticen el goce a un ambiente sano y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles en el municipio de Pijao.
Entre las entidades que deberán adelantar acciones para prevenir los deslizamientos y las avalanchas son: Departamento de Quindío, la Corporación Autónoma Regional de Quindío (CRQ), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el fallo del tribunal se estableció que “la ejecución coordinada de proyectos tendientes a profundizar en el conocimiento de la vulnerabilidad y amenaza del riesgo que se detectó en la presente acción popular, reducción de los mismos y manejo de una eventual calamidad o desastre (…)”
Otro de los mandatos de la providencia administrativa fue el hecho de establecer informes recurrentes sobre el estado de las condiciones medioambientales del municipio. El Tribunal le ordenó a las entidades que “de manera recurrente, planifiquen, ejecuten y financien las obras y proyectos que fuesen técnicamente necesarios y suficientes para evitar o reducir las probabilidades de desastre sobre la población del municipio”.
Advirtió que en caso de que los estudios realizados indiquen la necesidad de reubicación total o parcial del municipio de Pijao, las autoridades deberán ejecutar las obras “que de manera urgente sean necesarias para minimizar el riesgo, mientras se consuma el proceso de reubicación de la población, que también será planeado y ejecutado por los entes aquí accionados y en plena y previa concertación con la población del municipio de PIjao. Para tal efecto, se establecerá un cronograma de acción y ejecución”.
Por su parte, la Procuraduría evidenció que la mayoría de los municipios de Colombia no cuentan con planes de adaptación al cambio climático, ni estrategias de reubicación de la población ubicada en zonas de alto riesgo, situación que de acuerdo a la experiencia se puede convertir en una bomba de tiempo para el país.
El pasado mes de marzo el Ministerio Público advirtió sobre la situación que se presenta en el casco urbano de ese municipio, que por sus características geológicas muestra deterioro de sus suelos, causado por las actividades humanas, y la pérdida de capa vegetal, lo que aumenta el riesgo de que se suceda una catástrofe de similares dimensiones a la tragedia ocurrida en Mocoa (Putumayo) en abril de 2017.
El fallo acogió la acción popular que instauró la Delegada Ambiental, para que se apliquen de manera inmediata en el municipio de Pijao los principios del Pacto Mundial para el Medio Ambiente, entre ellos, precaución, prevención, resiliencia, integración y desarrollo sostenible.
La decisión tuvo en cuenta la alerta lanzada sobre el peligro en el que se encuentran 768 municipios, que tienen población asentada en zona de riesgo de deslizamientos, avalanchas e inundaciones, problemática que se agrava por las omisiones y desarticulación de las entidades que tienen dentro de sus funciones, velar por el adecuado ordenamiento y planificación territorial como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las gobernaciones, alcaldías y las corporaciones autónomas regionales.
Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.
