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Carlos Eduardo González - cgonzalez@larepublica.com.co sábado, 22 de abril de 2017

Entre los entes más importantes se encuentran la Registraduría; los ministerios de Transporte, Comercio, Trabajo; la Rtvc, la Superintendencia de Sociedades; Transmilenio; el Ideam, el Banco Agrario, entre otras.

Para Alfonso Gómez Méndez, exfiscal General de la Nación, “hay que esperar que la Fiscalía revise la documentación que envió la Procuraduría y evaluar si hay algún proceso que merezca sanción de tipo penal y se inicie la investigación”. Añadió que se deben conocer cuáles fueron las razones por las que la entidad dirigida por Fernando Carrillo tomó esta decisión y contra quién serían las nuevas investigaciones.

Aunque la PGN no reveló cuáles son los contratos, AL encontró en el Secop que, por ejemplo, el Ministerio de Transporte firmó un convenio (329 de 2015) por $1.202 millones con la firma para desarrollar actividades de BTL durante 216 días; además, firmó otro (595 de 2016) por $559 millones para ser ejecutado en 19 días.

De igual forma, MarketMedios obtuvo otro contrato (055-2016) con el Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional De Turismo por $3.480 millones, para ser ejecutado en seis meses. Aunque los expertos consultados por este medio señalaron que contratar con el Estado no es un delito y que son miles de proyectos los que firma el Gobierno, esto aún genera cuestionamientos sobre la relación entre el presidente Juan Manuel Santos y Roberto Prieto.

Esto, después del escándalo relacionado con la presunta entrada de dinero de la constructora Odebrecht a la campaña de Santos, lo que está siendo investigado en este momento. 

Para Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador General de la Nación, esta indagación se da por la excesiva publicidad contratada por estas entidades, ya que, en su opinión, conseguir reputación no debe hacerse de esta manera, sino que debe estar ligada a la calidad de la prestación del servicio público. 

Otro de los contratos que podría estar en la mira de las autoridades podría ser el que suscribió la Registraduría con la firma para difundir los acuerdos de paz previos al plebiscito del 2 de octubre de 2016. Este tuvo un valor de $1.970 millones.

Fuera de esto, la Procuraduría ordenó abrir indagación preliminar contra Eder Palacio, representante legal del Concesionario Ruta del Sol; Paulo Marcal, representante legal del Consorcio para la Prosperidad y Jorge Barragán, representante legal de Navelena. 

Las opiniones

Jaime Bernal Cuéllar
Exprocurador General de la Nación
“La duración de las investigaciones de la Procuraduría la estipula su código, pero eso casi nunca se cumple. Por lo que, dependiendo de cómo se lleve el proceso, estas pueden tomar entre seis meses o un año”.

Alfonso Gómez Méndez
Exfiscal General de la Nación

“Hay que esperar que la Fiscalía revise la documentación que envió la Procuraduría y evalúe si hay algún proceso que merezca sanción de tipo penal y así inicie la investigación correspondiente”.

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