Gráfico LR
jueves, 26 de octubre de 2023
Camargo expresó su preocupación ante lo que podría ser el escalamiento de la conflictividad social en el marco del proceso electoral
Debido a diversos factores de riesgo que podrían generar alteraciones del orden público en 133 municipios de 24 departamentos, incluida la capital del país, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación ante lo que podría ser el escalamiento de la conflictividad social en el marco del proceso electoral, durante o después de la jornada democrática que se avecina.
“De acuerdo con información acopiada por nuestro Observatorio de Conflictividad Social, identificamos que podrían suceder actos de perturbación al certamen democrático y alteraciones del orden público por una posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales de este 29 de octubre. Esto, de ser así, derivaría en manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas”, indicó el Defensor del Pueblo, durante la presentación del informe de advertencia sobre riesgos de posibles escenarios de conflictividad social en el marco de las elecciones territoriales.
Los 12 departamentos con más municipios en riesgo son Bolívar (13); Antioquia y Chocó (11 cada uno); Sucre y Magdalena (nueve cada uno); Caldas, Meta y Córdoba (siete cada uno), y Santander, Cauca, La Guajira y Boyacá (seis cada uno). Les siguen Norte de Santander (cinco); Cundinamarca, Nariño, Huila y Atlántico (cuatro cada uno); Casanare y Cesar (tres cada uno); Caquetá, Risaralda y Valle del Cauca (dos cada uno), y Guaviare y Tolima (uno cada departamento).
Para el caso de Bogotá, tienen riesgo las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz (en el sur de la ciudad), Kennedy (suroccidente) y Suba (noroccidente).
Los principales factores de riesgo a tener en cuenta para prever el escalamiento de la conflictividad electoral a situaciones de violencia durante la jornada democrática son: las irregularidades electorales, como el incremento atípico de inscripción de cédulas y trashumancia electoral; antecedentes de protestas, disturbios y asonadas en las elecciones regionales de 2011, 2015 y 2019.
Además, alertan por las movilizaciones, manifestaciones o plantones previos al certamen electoral, que durante los primeros nueve meses de 2023 aumentaron 26% en relación con el mismo periodo del año pasado; las resoluciones sobre solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos, falta de confianza en las instituciones y en el proceso electoral; y la polarización política y pugnacidad entre las campañas.
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