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Judicial

Cámara tendrá hasta el viernes 19 de septiembre para entregar actas de la pensional

El requerimiento lo hizo Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, quien señaló que la información es necesaria para aprobar la ley

17 de septiembre de 2025

Sara Ibañez Pita


Cortesía
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La Corte Constitucional dictó el plazo límite que tendrá la Cámara de Representantes para enviar las actas de las sesiones del 28 y 29 de junio, en las que se habría subsanado los vicios de la Reforma Pensional. Con este, ya se completan tres meses desde el primer requerimiento hecho por Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal.

Días antes, Julián David López, presidente de la Cámara, había pedido a la Corte una prórroga en el tiempo para remitir los documentos solicitados, por medio de una carta dirigida a Andrea Liliana López, secretaria del alto tribunal. En ella, López argumentó que se requería de un plazo más amplio por el "alto volumen de información" que debía recopilarse. No obstante, Ibáñez no aceptó y fijó la fecha máxima para el 19 de septiembre.

Es de recordar que en el auto inicial en que Ibáñez solicitó las actas, señaló que la certificación formal que entregue la Cámara debe indicar si las actas de sesiones plenarias de los días 28 y 29 de junio fueron aprobadas o no; la fecha en que se adoptó la decisión de aprobación o negación de cada acta; el número de votos exigidos para su aprobación y la cantidad obtenida; y "en caso de que alguna de las actas permanezca pendiente de aprobación, las razones que explican dicha circunstancia y el estado actual de trámite", escribió.

En la solicitud, el presidente de la Corte señaló que la falta de esos documentos impide al alto tribunal contar con un acervo probatorio suficiente, completo y fidedigno para decidir sobre la aprobación de la reforma pensional.

Al respecto, el ministro de Interior, Armando Benedetti, expresó su malestar sobre el requerimiento de Ibáñez y lo acuso de atacar y hostigar al Estado y, a su vez, dilatar el proceso de la ley pensional que, según él, está afectando a más de tres millones de personas de la tercera edad. "si bien hay que respetar al alto tribunal, hay que "alzar la voz y alzarla con dolor y hasta con resentimiento de ver cómo una persona acaba y destruye el beneficio para millones de personas", reiteró.

 

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