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Augusto Solano Mejía sábado, 24 de mayo de 2014

El sector agropecuario debe contar con una política pública que, aunque firme en sus ejes fundamentales, cuente con suficiente flexibilidad para atender los retos coyunturales propios  del devenir económico. Los ejes sobre los que podría girar esta política son la seguridad jurídica; la reducción de costos de transacción generados por el Estado; el control a la volatilidad de la tasa de cambio; la inversión en innovación y desarrollo tecnológico y; la racionalización de costos de producción.

La primera señal positiva que debe brindar la seguridad jurídica, es la expedición, de una política integral para el agro que les permita a los productores de todos los tamaños saber a qué atenerse durante los próximos cuatro años. La seguridad en la tenencia de la tierra es fundamental para generar inversión.

Por otro lado, la actividad de algunas entidades públicas hace que los empresarios del campo deban asumir costos de transacción para ayudar al Estado a ejercer sus funciones de vigilancia y control, generándoles una gravosa carga administrativa. Aunque reconocemos los avances logrados por la Dian, el mecanismo de devolución del IVA a los exportadores genera pérdidas de eficiencia, por cuanto congela capital de trabajo privado. A su vez, entidades como el ICA, que son la cara ante los compradores de productos agrícolas, deben acentuar sus fortalezas técnicas y logísticas.

En materia de tasa de cambio, además de las medidas de control directo de la revaluación, debe dotarse de mayores recursos que alcancen para cubrir todas las exportaciones y brindarse garantía de permanencia y continuidad a los programas de coberturas cambiarias de Finagro, que han probado ser las herramientas más importantes en defensa de las exportaciones colombianas. El éxito de la economía del campo depende de la conquista y conservación de nuevos mercados. Por ello, los incentivos a la innovación y la inversión en tecnología deben ser objetivo de cualquier política sectorial para lograr un sector agrícola de clase mundial.

En materia laboral, los costos y la rigidez actuales resultan en un sistema poco competitivo que ha llevado a una preocupante informalidad. El país debería llevar a cabo una comparación desapasionada de nuestra legislación laboral con la de los países con los que compiten nuestras exportaciones. El control directo de precios de los insumos conduciría a pérdidas irrecuperables de eficiencia y, a mediano plazo, a la escasez. La acción del Estado debe dirigirse a reducir la asimetría de información sobre precios y características de los insumos.

El Gobierno Nacional debería conformar un Comité Intersectorial para el Sector Agropecuario, encabezado por el Ministro de Agricultura. El reconocimiento de la transversalidad de los temas y la posibilidad de generar un debate sobre el campo, para atender, en el marco de una política estable.

Para concluir, no puede perderse de vista que el bienestar de las familias campesinas puede provenir de la rentabilidad de las pequeñas unidades y también del empleo generado por las medianas y grandes empresas. Una política sana de generación de empleo en el campo no puede excluir a las empresas medianas y grandes.  De lograrse las condiciones básicas, probablemente se logre retomar el camino del crecimiento sostenido, que es el que esperamos para todos los productores del campo colombiano. La eficiencia es el derrotero y para conseguirla, el Estado debe obrar, como dijera un autor clásico, a través de “premios y apremios”.

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