Cancillería le respondió al Tribunal tras suspender convenios de pasaportes
La entidad pidió aclarar si la Imprenta Nacional podría personalizar el stock de libretas de pasaportes disponible, pese a la suspensión
10 de septiembre de 2026
La Cancillería le respondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras la decisión de la semana pasada de suspender dos convenios del nuevo modelo de pasaportes y le solicitó varias aclaraciones.
Una de las aclaraciones es si la Imprenta Nacional podría personalizar el stock de libretas de pasaportes disponible, pese a la suspensión provisional decretada.
También indicó que para garantizar la prestación del servicio tendrá un periodo de transición de tres meses, que necesitaría de una autorización para utilizar las libretas disponibles.
Lo que decía el Tribunal
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la semana pasada la suspensión de los convenios interadministrativos que desarrollan el nuevo modelo de expedición de pasaportes impulsado por el Gobierno y que involucra al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la empresa portuguesa Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Esta decisión fue adoptada mediante un auto interlocutorio del 2 de septiembre de 2026, dentro de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal, en la que se alegaba una posible afectación de los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la confianza en la gestión pública, así como en el acceso eficiente y oportuno al servicio de expedición de pasaportes.
Por su parte el presidente Abelardo de la Espriella señaló en ese momento: "los colombianos pueden estar tranquilos: la expedición de pasaportes está garantizada".
Entre los elementos analizados por el Tribunal están los cuestionamientos sobre la planeación financiera y la falta de claridad sobre el estado de implementación de este nuevo esquema. Los convenios de 2025 y 2026 comprometen recursos públicos hasta 2036 y no contarían con el aval del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis. Para el Tribunal, la extensión de los compromisos presupuestales generó dudas sobre el respaldo fiscal de la operación, especialmente frente a los recursos que quedarían comprometidos durante los próximos años. A esto, se sumaron interrogantes sobre el papel de actores privados dentro del modelo y sobre el avance efectivo de los acuerdos, pues la información disponible no permitiría establecer con suficiente precisión en qué etapa se encuentra su ejecución.
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