jueves, 16 de junio de 2022
Abogados expertos cuestionan la procedencia del mecanismo utilizado y señalan que no existe una ley que obligue a debatir
Tribunal niega tutela del exfiscal Montealegre que buscaba incrementar esquema de seguridad
El pasado lunes en la noche, el Tribunal Superior de Bogotá concedió una tutela que busca que se realice un debate entre los candidatos presidenciales, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, antes del 16 de junio, es decir, hoy. La decisión generó controversia, no solo por lo estrecho de los tiempos, sino también porque, como apuntan varios expertos, no hay una ley que obligue a los aspirantes a debatir.
“Los candidatos tienen derecho a tres intervenciones y la sentencia habla de la obligación a ejercer el derecho. No existe ninguna obligación a ejercer el derecho”, explicó Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que agregó que los candidatos no son autoridades públicas y la tutela debe ir dirigida a estas.
“No se puede tutelar sino a autoridades públicas y los candidatos todavía no son. Lo será el que quede electo como presidente de la República, pero todavía no”, dijo cuestionando la procedencia del mecanismo.
En línea similar, el constitucionalista Juan Manuel Charry reiteró que “no existe en el ordenamiento público un deber a acceder obligatoriamente a medios de comunicación”, por lo que, en su concepto, la decisión es equivocada.
A pesar de ello, los expertos señalaron que la orden del Tribunal debe acatarse por lo que, en principio, el debate tendría que realizarse hoy.
El líder del Pacto Histórico señaló, en sus redes sociales, señaló que está listo para debatir. En cambio, al cierre de esta edición Hernández, quien anunció que no asistiría a los espacios de debate para la segunda vuelta, no se había pronunciado.
En caso de que el debate efectivamente se realice y uno de los candidatos opte por no asistir, podría enfrentarse a un incidente de desacato. Si se diera ese escenario, explicó Charry, “se oyen las razones y las justificaciones para saber si justifica su actuar o si es objeto de sanción, que va hasta 20 salarios mínimos mensuales y hasta seis meses de arresto”.
Sin embargo, agregó Arrubla, los tiempos procesales hacen imposible que el incidente de desacato se decrete antes del domingo, cuando se conocerá el próximo presidente.
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