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Colprensa martes, 3 de octubre de 2017

El alcalde de Coveñas será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La Fiscalía General de la Nación capturó a los alcaldes de Coveñas, Nilson Manuel Navaja Olivares, y de San Juan de Betulia, en Sucre, Fernel Antonio Avilés Tovar, por irregularidades en la celebración de contratos.

Navaja Olivares fue capturado en una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, por presuntas irregularidades en el programa educativo de bilingüismo.

El funcionario será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

La Fiscalía lo investiga por un contrato firmado entre la administración municipal anterior y la Fundación Integral Nueva Esperanza, para la implementación del programa de bilingüismo en las instituciones educativas de Coveñas, por un valor de $2.277 millones.

“El contrato fue suscrito en vigencia de la Ley de Garantías y, en su momento, se hicieron efectivos un anticipo y dos pagos parciales, de los que quedó un saldo de $284 millones”, indicó la entidad.

De acuerdo a las evidencias recopiladas por la Fiscalía, Nilson Manuel Navaja Olivares asumió como alcalde de Coveñas y pagó la suma que hacía falta, sin que el programa de bilingüismo se hubiera cumplido en su totalidad, es decir, no se había ejecutado el contrato.

Por otra parte, la Sijín de la Policía Nacional capturó a Fernel Antonio Aviles Tovar, alcalde de San Juan de Betulia; a Marco Tomas Arrieta Gil, tesorero del municipio; y a Eider Manuel Moreno Arias, secretario de Asuntos Sociales, por posibles irregularidades en la celebración de contratos para la atención de la tercera edad.

Según la investigación de la Dirección de Fiscalías Secciona Sucre, el alcalde de San Juan de Betulia habría realizado varios contratos con la Fundación Fe y Salud para la atención de personas de la tercera edad, sin que la entidad fuera, al parecer, idónea para cumplir el objeto del mismo.

Según la Fiscalía, aun así, “el contrato fue cancelado en su totalidad, sin haberse cumplido a cabalidad el objeto del mismo, generando una defraudación a las arcas municipales por $700 millones”.

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